Un pacto entre mafias de Medellín logra lo insólito

Lo que no consigue el Estado colombiano lo consiguen mafias como las de Medellín: bajar la tasa de homicidios. Un experto en seguridad atribuye este inusitado fenómeno al hecho de que los jefes de las dos facciones de La Oficina, la mayor organización delictiva de esa ciudad, pactaron una tregua para frenar sus disputas territoriales al ver que la violencia “se estaba saliendo de control”. Que la delincuencia organizada sea la que regule la violencia muestra “el fracaso de la política criminal” en Colombia, sostiene un concejal medellinense

Luego de que Medellín registró a principios de 2019 un inusitado aumento en la violencia que llegó a causar alarma social, la ciudad terminó el año con un descenso de los homicidios que, según especialistas en seguridad, se debe a un acuerdo entre las organizaciones criminales que las autoridades han aprovechado para hablar de resultados. “La violencia se estaba saliendo de control y los jefes de las dos facciones de La Oficina (la mayor organización delictiva de Medellín) decidieron pactar una tregua y dar la orden a las bandas de la ciudad para detener las disputas territoriales”, dice a Proceso el principal experto en seguridad de Medellín, Luis Fernando Quijano. El analista afirma que el repunte de la criminalidad golpeaba la imagen del alcalde Quintero, que se nota ya tiene aspiraciones presidenciales.  El alcalde –indica Quijano– “no es que haya promovido el pacto entre los jefes del crimen organizado de la ciudad, pero no le puso obstáculos; la política fue ‘dejar hacer, dejar pasar’ para que se dieran las reuniones que tenían que darse y para que los capos acordaran ordenar a las bandas dejar de echar bala”.

Entre enero y mayo de 2019 se reportaron 307 homicidios en esa ciudad colombiana, 51 más que en el mismo periodo de 2018 y aun con pandemia las cifras no son esperanzadoras. Con frecuencia aparecían cuerpos desmembrados envueltos en bolsas y cadáveres con disparos a quemarropa y signos de tortura.  El aumento en los homicidios a principio de año golpeó a Quintero en términos políticos, sobre todo cuando enero y febrero se convirtieron en los dos meses más violentos de Medellín en los últimos cinco años, con 71 y 75 asesinatos, respectivamente. En abril la percepción de inseguridad creció a causa de los hurtos comunes en mitad de la pandemia. Ante la zozobra ciudadana por el incremento de la violencia, La Terraza y la cúpula de La Oficina habían decidido pactar el fin de la guerra fría que sostenían desde 2018.

Quijano explica que los jefes de ambos grupos nunca llegaron a atacarse entre sí, pero “había mucha tensión y desconfianzas, que se reflejaban en las comunas (barrios), donde mandos medios de sus organizaciones se estaban matando”. El secretario de Seguridad de Medellín rechazó la versión sobre un pacto, pero el hecho es que, días después de la revelación de Quijano, en junio se comenzó a notar un descenso significativo en los índices de criminalidad. Ese mes se registraron 42 homicidios en la ciudad, 45% menos que en mayo, y noviembre fue el mes menos violento de este siglo en Medellín, con 30 asesinatos, la mitad del promedio habitual. Lo notable es que el aumento en los homicidios durante los primeros cinco meses de 2020, de 18.5%, con respecto del mismo periodo de 2019, contrasta con la caída de 23.7% de los asesinatos en los tres meses que siguieron (junio-septimbre). “Este cambio súbito en el comportamiento de la criminalidad en Medellín sólo se explica por el pacto entre los jefes de La Terraza y la línea mayoritaria de La Oficina”, insiste Quijano.

No es la primera vez que Luis Fernando Quijano revela pactos entre las organizaciones criminales. En 2013 anunció un acuerdo entre el Clan del Golfo –la mayor banda criminal de Colombia– y La Oficina, tras años de guerra por el control de las rentas ilegales en Medellín, incluidas las del narcotráfico. Esa tregua que Quijano llamó “El pacto de fusil”, y que las autoridades de la época nunca reconocieron, también coincidió con una drástica caída de los homicidios en la ciudad. Entre 2009 y junio de 2013, en Medellín se registraron 7 mil 671 homicidios, casi cinco diarios en promedio, por dos guerras sucesivas: una entre los jefes de La Oficina de la época, Ericson Vargas Cardona, Sebastián, y Maximiliano Bonilla, Valenciano, y otra entre La Oficina y el Clan del Golfo. En 2011, el Valenciano fue capturado en Venezuela y extraditado a Estados Unidos; un año después, Sebastián cayó preso en una finca cercana a Medellín, también con fines de extradición. El encarcelamiento y la posterior extradición a Estados Unidos de ambos capos desató una nueva guerra, ahora entre La Oficina y el Clan del Golfo, que quiso entrar a la segunda ciudad más importante de Colombia a apoderarse de los negocios criminales, como el tráfico de drogas, el narcomenudeo, la extorsión y el lavado de dinero. “El pacto del fusil” que Quijano develó puso fin a ese enfrentamiento. La Oficina cedió algunos barrios al Clan del Golfo, pero se quedó con la mayoría de los negocios ilegales de la urbe colombiana. Como resultado del acuerdo, entre 2012 y 2015 los homicidios en Medellín cayeron 61%. Pasaron de mil 251 a 487 por año en ese lapso.

Para Quijano, “lo que vimos en 2013 con el ‘Pacto del fusil’ y lo que estamos viendo ahora es que el crimen en Medellín se autorregula y que la acción de las autoridades no es la que determina la reducción de la violencia, sino que son las propias organizaciones delictivas las que deciden cuando eso debe ocurrir”. El nuevo pacto criminal entre los jefes mafiosos de Medellín, en mayo pasado, fue tan evidente y tuvo un efecto tan claro en la reducción de la violencia que el comandante de la policía, el general Eliécer Camacho, en una entrevista con el diario El Colombiano aceptó que ese acuerdo ocurrió. Dijo que los cabecillas del crimen organizado de la ciudad “hicieron reuniones en las cárceles para mermar sus confrontaciones”. Varios jefes de La Oficina y La Terraza están encarcelados en diferentes centros penitenciarios, entre ellos Tom, Douglas, Barnie y Carlos Pesebre. Según Quijano, ante el aumento de homicidios, durante los cinco primeros meses de 2020 las autoridades “facilitaron” las reuniones de los jefes mafiosos en los centros penitenciarios para que ordenaran a sus aliados en los barrios frenar las confrontaciones.