El Tribunal Administrativo de Antioquia emitió un incidente de desacato contra varios ministros y altos funcionarios por no pagar las deudas millonarias que asfixian el sistema de salud de la región.
La medida, que surge luego de una Acción Popular interpuesta por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, advierte que, de no cumplir con los pagos, los responsables podrían enfrentar arrestos de hasta seis meses y multas pagadas con sus propios bienes.
La decisión judicial recae directamente sobre figuras claves del gabinete, como el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, además del Superintendente de Salud y el director de Adres.
Según el alcalde Gutiérrez, este incidente es un triunfo para la defensa de la vida, frente a lo que calificó como una gestión que “Juega con la salud de los ciudadanos”.
Las cifras son alarmantes: las EPS intervenidas adeudan más de $173.000 millones sólo al Hospital General de Medellín, una brecha fiscal que ha crecido un 36% desde que inició el proceso legal.
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El impacto de este impago financiero ya se está sintiendo en las calles. Los servicios de emergencia de la capital antioqueña operan con una sobrepoblación de hasta el 162%, agravada por la falta de medicamentos para pacientes crónicos.
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Gutiérrez fue enfático al señalar que, mientras el Gobierno central afirma que “no hay dinero”, se han firmado contratos multimillonarios con tintes electorales.
«Destruyeron el sistema de salud; hoy la deuda nacional es de $33 mil millones, de los cuales $8 mil millones son de Antioquia»señaló el presidente local.
Pese a la falta de recursos nacionales, el Distrito ha invertido cerca de $439.000 millones para evitar el colapso total de la red pública.
Con este nuevo incidente judicial, se espera que la presión al Ejecutivo obligue a un desembolso inmediato que aliviará la presión sobre hospitales como el General, donde Savia Salud y la Nueva EPS mantienen las carteras más pesadas.
El país está a la espera de las consecuencias penales que podrían derivarse del delito de estafa tras una resolución judicial.
Foto de cortesía.
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