Mauricio Alonso Zuleta, ex secretario técnico de la Secretaría de Mobility de Medellín, fue procesado por su supuesta participación en irregularidades relacionadas con un contrato entre administraciones por más de 16,000 millones de pesos, destinados a la adaptación del espacio público y la reparación de las carreteras en la ciudad.
La oficina del Fiscal General lo acusó del delito del contrato sin cumplir con los requisitos legales, un puesto que el acusado no aceptó.
El contrato, concluido entre el 28 y el 29 de junio de 2023, tenía como objetivo delegar a metroplú la ejecución de obras que incluían la demolición de estructuras existentes, excavaciones, movimientos de tierra, construcción de bahías, pavimentos rígidos y flexibles, adaptación de plataformas y parches de brecha. Las obras fueron planificadas en la comuna 10 de Medellín y en los vecindarios Manrique, Aranjuez, Belén, Villa Hermosa y Guayabal.
Según la investigación, la secretaría de movilidad no estaba facultada para ejecutar este tipo de contrato de trabajo, cuya responsabilidad correspondía al Ministerio de Infraestructura Física, con el apoyo del Ministerio de Servicios y Suministros. Además, el acuerdo se habría procesado bajo la modalidad de selección directa, cuando por su cantidad millonaria debería haber sido presentada públicamente.
Esto podría interesarle: ¡todo a los parques del río! Medellín vivirá el hambre de Donatón Zero para ayudar a las familias
Sigue el canal de WhatsApp desde
Ciudad de Medellín
La oficina del fiscal también encontró que no se llevaba a cabo un análisis riguroso del sector, y que en los estudios anteriores al contrato, el presupuesto oficial no estaba justificado adecuadamente, lo que, según las indicaciones, se habría definido en un solo día.
Otra irregularidad detectada fue que el contrato se firmó durante la validez de la ley de garantía, lo que prohíbe la conclusión de acuerdos administrativos o contratos para la ejecución de recursos públicos cuatro meses antes de los procesos electorales.
Por los mismos hechos, el fiscal ya había acusado a otros cuatro ex funcionarios: Juan Carlos Torres, ex secretario de movilidad; Estefanya Cuervo, ex secretario legal de la misma agencia; Rubén Darío López, ex director técnico del Ministerio de Infraestructura de Medellín; y Santiago Ortega, contratista del Instituto Metropolitano Tecnológico (ITM).
Con esta judicialización, la oficina del fiscal busca aclarar las presuntas irregularidades en uno de los contratos más importantes de movilidad y espacio público de la ciudad durante la administración 2020-2023.