Minuto30.com .- La muerte del niño Kevin Acosta el pasado fin de semana, presuntamente por no recibir a tiempo su medicamento para la hemofilia por parte de la intervenida Nueva EPS, ha pasado de ser una tragedia humana a una compleja disputa legal.
La polémica estalló luego de que el presidente Gustavo Petro hiciera públicos apartados del historial médico del menor. Diversos sectores denuncian que se violó el derecho a la privacidad y se vulneró la reserva legal que protege estos documentos sensibles.
El marco legal: ¿Qué normas se habrían violado?
En Colombia, la historia clínica es un documento privado y sujeto a confidencialidad. Los expertos jurídicos señalan tres frentes de posible infracción:
Ley 23 de 1981 (Art. 34): Establece que la historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud y tiene carácter confidencial. Sólo podrá ser conocido por terceros con previa autorización del paciente o de sus representantes legales, o por orden judicial.
Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos): Define los datos de salud como “datos sensibles”, cuyo tratamiento requiere el consentimiento expreso, informado y por escrito.
Constitución Política (Art. 15): El derecho fundamental al buen nombre y a la intimidad personal y familiar.
La pregunta clave: ¿Dónde está la autorización escrita de la madre de Kevin Acosta para que la Nueva EPS entregue la información al Ejecutivo y se haga pública?
El papel de las Nuevas EPS en intervención
Las críticas también caen sobre la Nueva EPS. La Resolución 1995 de 1999 es clara: el acceso a los expedientes médicos se limita al equipo de salud, al paciente, a sus familiares (bajo ciertas condiciones) y a las autoridades judiciales.
El Presidente de la República no está incluido en esta lista como receptor de datos clínicos individuales sin autorización.
Posibles consecuencias
Aunque hasta el momento no se han confirmado acciones legales firmes, las perspectivas podrían incluir:
Investigación SIC: La Superintendencia de Industria y Comercio podría sancionar a la EPS por el manejo de datos personales.
Acciones ante el Ministerio Público o Comisión de Acusaciones: Por la presunta extralimitación de funciones y violación de derechos fundamentales por parte de funcionarios públicos.