Minuto30.com .- El escándalo en torno a las medidas de protección otorgadas al activista político Franklin Humberto Coral Garrido, conocido públicamente como 'Beto Coral', escaló a niveles críticos. En las últimas horas, un nuevo y contundente comunicado de un sector sindical de la Unidad Nacional de Protección (UNP) calificó la entrega de su esquema de seguridad como un supuesto «favor político» ordenado desde las más altas esferas de la entidad.
La denuncia pone en tela de juicio los criterios de asignación de recursos de seguridad pública en Colombia y cuestiona directamente al director de la institución, Augusto Rodríguez.
¿Por qué califican el esquema de Beto Coral como un «favor político»?
A través de un contundente comunicado público, el Sindicato de Trabajadores de la UNP (UTUNP) respaldó las advertencias iniciales y lanzó duras acusaciones contra la administración. Un portavoz del gremio, con más de 25 años de experiencia como analista de riesgos de seguridad, fue categórico al señalar que los beneficios otorgados al activista no se deben a un peligro real comprobado en el territorio nacional.
«Debo decir públicamente que no es un tema de riesgo, es un FAVOR POLÍTICO. Mientras en Colombia muchos líderes sociales son asesinados o amenazados y Augusto Rodríguez no les brinda medidas de protección, a Beto Coral le entregaron carros blindados y guardaespaldas en tres días. Desvergonzado”, se lee en el comunicado del sindicato.
¿Qué supuestas irregularidades denuncia el sindicato en el proceso?
La organización sindical sostiene que se desvirtuó la facultad discrecional que la ley otorga al Director de la UNP para implementar medidas de emergencia. Según explican, este mecanismo excepcional debería reservarse exclusivamente a personas en «riesgo inminente» y con «amenaza demostrada», condiciones que, según el sindicato, no se cumplen en este caso.
Además, advierten que Coral ni siquiera forma parte de la población objetivo prioritaria de la UNP. Lo que ha provocado la mayor indignación interna es el contraste de tiempos: un trámite que lleva meses de evaluaciones burocráticas para un líder social en las regiones, se resolvió con contundencia para el creador del contenido (vehículos blindados y hombres armados) en apenas 72 horas después de pisar suelo colombiano.
¿Cuál es la pregunta sobre su asilo y su actividad en Estados Unidos?
El sindicato también planteó dudas sobre los antecedentes de las amenazas que Beto Coral alega haber sufrido en el pasado. Recordaron que el activista estuvo once años fuera del país tramitando asilo político en Estados Unidos, argumentando inicialmente riesgos relacionados con una controversia familiar por el asesinato de su padre.
Según la denuncia, una vez en Norteamérica, Coral se habría dedicado de lleno al activismo político exterior a favor de sectores de izquierda y del actual gobierno del Pacto Histórico, lanzando constantes ataques públicos e insultantes contra opositores, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y despachos de abogados en Colombia.
Para los analistas del gremio, la estrategia de denunciar supuestas amenazas en redes sociales responde más a una «estrategia sistemática» común entre quienes buscan obtener el estatus de asilo político, ya que la responsabilidad de dichos riesgos nunca ha sido establecida judicialmente. Concluyen que, al amparo del actual gobierno progresista, el activista aprovechó su estancia en el exterior para regresar al país con privilegios de seguridad del Estado que hoy son cuestionados.
Desde el sindicato @utunp_nacional hacemos un COMUNICADO PÚBLICO respecto a la denuncia realizada por @analtraseg en la asignación por parte de la @UNPColombia de medidas de protección (ESQUEMA ROBUST – vehículos blindados y escoltas) al ciudadano colombiano Franklin Humberto… pic.twitter.com/Ve37BgJE5Y
— wilson javier devia (@wilsond1980) 19 de julio de 2026