La Procuraduría General de la República solicitó a la Superintendente Nacional de Salud Ad Hoc de Nueva EPS, Luz Marina Múnera, su declaración sobre el estado de cumplimiento de las órdenes previstas para atender las causas de la intervención administrativa forzosa, la cual fue prorrogada por el plazo de un año en abril de 2025.
De la misma manera, el Procurador Delegado para Asuntos Civiles, Laborales y de Seguridad Social solicitó al funcionario enviar a esta oficina el concepto dispuesto por la Superintendencia de Entidades Aseguradoras de Salud teniendo en cuenta la caducidad del acto administrativo que prorrogó la medida de intervención, precisando si a la fecha la EPS mantiene las causales de intervención y cómo queda su administración.
A su vez, el Ministerio Público busca conocer los informes mensuales que realiza el interventor designado para la administración del Ente Promotor, con detalle de períodos, fechas de entrega, avances, evoluciones, evaluaciones de la situación técnico-científica, financiera, jurídica y administrativa, entre otra información.
Asimismo, la entidad instó a que se entregue la gestión realizada por incumplimientos asociados a cuentas médicas, modernización tecnológica de las EPS, contratación, estados financieros, control y gestión de recursos, entre otros aspectos también importantes para su funcionamiento.
La Subprocuraduría reiteró que el informe requerido deberá ser entregado dentro de los siguientes 3 días hábiles a partir de su recepción.