El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para el procesado, mientras la defensa argumenta garantías constitucionales para evitar la medida
Durante la audiencia ante el Juez 27 Penal de Medellín con función de control de garantías, el delegado de la Procuraduría General de la Nación, José Luis Ochoa, se manifestó a favor de la medida de aseguramiento en centro carcelario para Miguel Quintero y Sebastián Ortega, procesados por presuntas irregularidades en la contratación pública.
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El representante del Ministerio Público indicó que existen elementos que sustentan la inferencia razonable de la comisión de los delitos investigados, respaldando las posturas previamente expuestas por la Fiscalía General de la Nación y la representación legal del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Ochoa señaló que la medida se justifica en la necesidad de proteger el proceso, haciendo referencia a los señalamientos sobre presuntas presiones a testigos e interferencias en el expediente.
El proceso penal abarca convenios suscritos entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre los años 2020 y 2022, con un valor total de 17.656 millones de pesos. Las autoridades investigan un presunto esquema de apropiación de recursos mediante comisiones indebidas por un monto cercano a los 2.481 millones de pesos. Dentro de las investigaciones, que vinculan a un total de once personas, a Quintero y Ortega se les imputaron los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Luego de la intervención del ente de control, la audiencia prosiguió con la exposición de los abogados defensores. El apoderado de Miguel Quintero, Santiago Trespalacios, solicitó que sus patrocinados afronten el juicio en libertad y fundamentó su postura argumentando garantías constitucionales y controvirtiendo las pruebas presentadas por la Fiscalía. Entre sus planteamientos, sostuvo que las consultas al sistema de información judicial correspondieron a investigadores autorizados y que la actuación previa del ente acusador afectó el ejercicio del derecho a la defensa.
Una vez concluidas las intervenciones de las defensas, el juzgado deberá definir la situación jurídica de los procesados y determinar si decreta la medida cautelar privativa de la libertad o si continúan vinculados a las diligencias sin restricción de libertad.
Respecto a la verificación de la información provista, todos los datos expuestos corresponden fielmente al desarrollo de las diligencias. En la audiencia participan el Juez 27 Penal de Medellín con función de control de garantías, la Fiscalía 40 Anticorrupción, el delegado de la Procuraduría José Luis Ochoa, el abogado del Área Metropolitana Mayer Abushihab y el defensor Santiago Trespalacios.
Los montos analizados corresponden a los contratos por 17.656 millones de pesos y una presunta apropiación de 2.481 millones de pesos vinculada a once personas. Asimismo, los argumentos de las partes coinciden con lo actuado en los estrados: la acusación fundamenta el riesgo de obstrucción por supuestas presiones a testigos e ingresos al expediente, mientras que la defensa sostiene que dichos accesos fueron realizados por investigadores oficiales y cuestiona las garantías de defensa en la etapa previa.
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— Hora13 Noticias (@hora13noticias) September 29, 2026