El futuro político de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, entró en una fase definitiva. La tarde de este 23 de febrero, el Consejo de Estado celebró una audiencia pública por las demandas de pérdida de investidura en su contra, derivadas del polémico hecho conocido como el 'tarimazo'.
Ese día, celebrado en junio de 2025 en Medellín, peligrosos capos de las bandas del Valle de Aburrá, alias 'Douglas', 'Tom' y 'Carlos Pesebre', compartieron escenario con el presidente Gustavo Petro.
La polémica radica en la supuesta extralimitación de la congresista en la gestión del traslado de estos internos desde el penal de Itagüí a la Plaza de la Alpujarra sin, aparentemente, tener facultades legales para ello.
Durante el proceso, el abogado querellante, Édgar Quintero, denunció una clara extralimitación de funciones, argumentando que Zuleta usurpó facultades que sólo corresponden a un juez de la República.
“Existe un indiscutible abuso de poder del Legislativo sobre el Ejecutivo”aseveró el jurista, cuestionando también la reserva legal que el Inpec aplicó a la orden de traslado.
Lea también: Capturan en Cali a alias 'Rolex', el vínculo entre las disidencias de las FARC y mafias de tres países
Sin embargo, el proceso recibió un impulso inesperado: la Procuraduría General de la República pidió negar la “muerte política” del senador.
Sigue el canal de WhatsApp
ciudad de medellin
Según el fiscal adjunto Carlos José Holguín, no se acreditaron los requisitos de tráfico de influencias ni la existencia de dádivas en la gestión realizada.
Por su parte, Isabel Cristina Zuleta se defendió asegurando que su accionar se limitó a un pedido escrito en el marco del proceso de paz urbana que lidera el Gobierno. Sostuvo que el exceso que se le acusa no es tal, ya que los traslados para audiencias públicas son trámites recurrentes.
“No presioné indebidamente”dijo el senador ante el juez Germán Eduardo Osorio.
Mientras la Corte Suprema, la Fiscalía y la Contraloría avanzan en sus propias investigaciones, el Consejo de Estado deberá decidir si las acciones de Zuleta traspasaron la línea de la legalidad o si se mantuvieron dentro de su rol de mediadora política.
Más noticias de Medellín