Población de la zona rural aumenta sin control

Mientras que las 16 comunas urbanas de Medellín registraron un crecimiento poblacional de 6,8 % entre 2005 y 2016; en los cinco corregimientos los habitantes se incrementaron 14 veces más, según cifras del Dane.

Incluso, San Cristóbal (86.315 personas) y San Antonio de Prado (113.202) superan demográficamente a seis municipios del Valle de Aburrá: Barbosa (50.052), Sabaneta (51.860), Girardota (54.240), La Estrella (62.348), Copacabana (70.169) y Caldas (77.847).

Óscar Augusto Mejía, coordinador del componente de medio ambiente y ecología urbana del Centro de Estudios Urbanos de Eafit, explicó que mientras los crecimientos de la población sean normales, estos pueden ser absorbidos por la ciudad, porque van a la par de la construcción de equipamientos, servicios y oferta de empleos para recibir y permitir que la gente pueda vivir en un lugar adecuadamente. Pero cuando los incrementos se dan en periodos cortos, el riesgo es la insostenibilidad de los territorios.

“Los corregimientos no están capacitados para soportar esa nueva población. Cuando esos procesos no se planifican bien, se va perdiendo el tejido social en comunidades que son rurales”, añadió Mejía.

En efecto, las tasas de crecimiento poblacional en los corregimientos superan con creces las de cualquier comuna urbana.

Las dos que presentaron las alzas más considerables en la última década fueron El Poblado (17 %) y Robledo (12 %); y, en orden, las zonas rurales crecieron así: Altavista (43 %), San Antonio de Prado (70 %), Santa Elena (75 %), Palmitas (106 %) y San Cristóbal (234 %).

La asimetría entre el Medellín urbano y rural no solo se evidencia en el aumento de residentes: el Índice Multidimensional de Condiciones de Vida señala una brecha de 7,18 puntos entre el indicador urbano (48.97) y el rural (41.79).

¿Qué está pasando?

Dos razones que explican el fenómeno tienen que ver con el agotamiento de suelos de expansión para construir vivienda en las áreas urbanas (densificación) y en la complejidad de realizar renovación de los sectores ya construidos (redensificación), lo que traslada la demanda a los territorios rurales.

Piedad Patricia Restrepo, directora de Medellín Cómo Vamos, consideró que si bien los sucesivos Planes de Ordenamiento Territorial (POT) definieron el corredor del río y las explanadas del valle como suelos prioritarios de urbanización por su cercanía con sistemas de transporte y oferta de servicios, la ejecución de esas directrices ha sido muy compleja, con regulaciones extensas y demoradas.

“En la práctica, la gente tiene las necesidades de la vivienda de inmediato. Por eso se evidencia una alta informalidad en la construcción. Se estima, según Camacol, que un 60 % del territorio se construye de manera informal. Si la gente no tiene oportunidades formales, buscan oportunidades donde las haya”, explicó.

Según datos de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, en los cinco corregimientos existen 11.592 predios identificados sin matrícula real, con una problemática mayor en San Cristóbal con 37% del total de predios. Ante este panorama, el proyecto de Prevención y Atención a las Invasiones tiene cuatro cuadrillas que realizan recorridos de vigilancia permanente. A la fecha se han llevado a cabo 32 desmontes de viviendas y 40 suspensiones de obra.

Carlos Jaramillo, exdirector de Planeación de Medellín y consultor en planificación, coincidió con Restrepo en que la falta de control del Estado aumenta la construcción en los territorios de la periferia.

Eso, según el experto, dispara las cargas asistenciales del Municipio porque la planificación se debe realizar bajo tres presupuestos: medios de transporte, equipamientos y espacios públicos.

“Salvo San Cristóbal, los demás corregimientos tienen una estructura precaria y no son capaces de soportar el crecimiento que supera, por mucho, la capacidad de la municipalidad para atender esa nueva población”, dijo.

Para Mejía, este fenómeno es común en las ciudades latinoamericanas, porque los valores del suelo son más económicos en las áreas periféricas, lo que aumenta la tasas de urbanización en las goteras de las grandes urbes.

Presión ecológica

Gustavo Castañeda Blandón, presidente de la Asociación de Ediles de los corregimientos de Medellín, manifestó que la preocupación principal es la afectación ambiental por la proliferación de viviendas. “Las fuentes se van secando por el daño en las cuencas. Es el mismo sentir en Palmitas y en San Antonio de Prado donde tienen problemas de aguas. También hay racionamiento del acueducto en veredas de Santa Elena”, contó.

Según Mejía, el arribo de grupos poblacionales tan grandes genera presiones adicionales sobre otros servicios esenciales como el agua y el suministro de energía.

Además, cuando las manchas demográficas crecen aceleradamente, empiezan a comprometerse los servicios ecológicos fundamentales, aumentan los riesgos sísmicos, de desastres y los movimientos de masas. “Se empieza a agotar todo porque hay más gente utilizando los mismos equipamientos. No hay capacidad de respuesta ante el rápido crecimiento”, dijo.

Otras consecuencias

Al impacto ambiental, Castañeda añadió dificultades en movilidad y problemáticas sociales. Calificó los corregimientos como “dormitorios”, porque sus habitantes tienen que desplazarse diariamente a los municipios del Valle de Aburrá a laborar.

“Las mayores dificultades de transporte son interveredales, pero también en los cascos corregimentales. Ambos son complejos, porque la Administración les presta poco interés. Salvo Altavista, es un problema latente”, aseguró.

Mejía añadió que pese a que San Antonio de Prado está unido administrativamente a Medellín, son Itagüí y La Estrella los que tienen que atender las demandas de movilidad e impactos del urbanismo, por lo que se les termina trasladando problemáticas a otros municipios, lo que genera trastornos y desequilibrios.

Fuente: elcolombiano.com