La retractación del presidente Gustavo Petro vuelve a estar en el centro de la polémica judicial luego de que un tribunal de Bogotá rechazara un nuevo intento del mandatario de revocar la orden que lo obliga a corregir públicamente sus dichos sobre Marta Lucía Ramírez.
La decisión, emitida por el Tribunal Administrativo 66, dejó firme la obligación de Petro de retractarse claramente de conformidad con lo ordenado previamente por el tribunal, tras considerar que sus pronunciamientos anteriores no cumplieron con los parámetros establecidos.
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Según el análisis del despacho judicial, el jefe de Estado incurrió en lo que calificaron como “revictimización”, debido a que sus mensajes públicos incluían elementos ajenos al caso original, lo que habría prolongado el impacto negativo en el exvicepresidente. El tribunal concluyó que estas referencias adicionales no sólo desvían el objetivo de la orden, sino que también afectan a la reputación y a los derechos fundamentales del afectado.
El proceso tiene su origen en un fallo de octubre de 2025, cuando el tribunal ordenó al presidente retractarse de acusaciones en las que vinculaba a Ramírez con actividades ilícitas. Si bien Petro realizó una publicación en redes sociales como respuesta, esta fue considerada insuficiente porque no se limitaba estrictamente a lo requerido.
Posteriormente, la defensa del presidente presentó varios recursos para revocar la decisión, entre ellos reconsideración, apelación e incidente de nulidad, todos desestimados por la justicia. La sentencia más reciente confirma que la orden sigue vigente y debe ser cumplida en su totalidad.
En su fallo, el tribunal fue enfático en señalar que la retractación debe centrarse exclusivamente en la afirmación inicial, sin añadir argumentos, interpretaciones ni referencias externas. Además, advirtió que cualquier incumplimiento podría acarrear nuevas consecuencias legales.
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