El Personero de Medellín, Guillermo Durán Uribe, convocó a los organismos defensores de los derechos humanos, la Fiscalía, las autoridades civiles, militares y de Policía a frenar la racha de violencia que durante este año ha venido azotando a algunos sectores de la ciudad y el Valle de Aburrá.
Se trata de la comuna 7 (Robledo), la comuna 13 (San Javier) y al corregimiento Altavista, que juntos, hasta el pasado 2 de mayo, sumaban ya 57 asesinatos, 25 casos más que en igual periodo del año anterior.
“Hacemos un llamado a las demás instituciones del Ministerio Público para que ejerzamos un acompañamiento constante a la comunidad en procura de proteger y restablecer los Derechos Humanos vulnerados en los últimos días.
“Exhortamos a la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y a la Alcaldía de Medellín a que continúen con la labor de desestructurar los grupos armados ilegales y capturar a quienes han venido atemorizando a la población civil”, señaló el funcionario en un comunicado institucional.
En ese documento realiza un diagnóstico pormenorizado de los hechos de violencia que se han registrado en estos territorios, donde las violaciones a los derechos de los ciudadanos y las confrontaciones entre grupos armados ilegales no han dado tregua y tienen a estas comunidades sumidas en la desesperación.
La situación de violencia
Según el agente del Ministerio Público de Medellín, en la comuna de Robledo, entre el 1 de enero al 2 de mayo, se registraron 29 homicidios, 13 más que en el mismo periodo del 2017, lo que representa un aumento del 81 %.
En la comuna 13, San Javier, aunque la variación es menos significativa porcentualmente, pues se pasó de 13 a 15 homicidios en el mismo periodo, lo que equivale a un aumento del 15 %.
Y en el corregimiento Altavista se ha dado el incremento más dramático en las cifras de muerte, pues se pasó de 3 a 13 homicidios, lo que representa una variación porcentual del 333 %
“Todo esto se ve reflejado en el estado de zozobra en el que permanecen los habitantes de estos territorios”, expresa el Personero.
Desplazamiento intraurbano
Del 1 de enero al 30 de abril, la Personería ha registrado 182 declaraciones por desplazamiento intraurbano en las tres comunas, lo que representa un total de 389 personas desplazadas, que se han dado de la siguiente manera: 180 casos en Robledo, 155 en San Javier y 54 en Altavista.
Esto se debe a la cadena de crímenes (algunos ejecutados con crueldad, como torturas, desmembramientos y embolsamientos de las víctimas) y la intensificación de la conflictividad entre los diferentes grupos armados.
“La institucionalidad local, de la mano de la Policía Nacional, deberá enfocar la atención en este problema, ya que implica el deterioro del tejido comunitario y la vulneración de otros derechos, como el trabajo, la vivienda y la educación, en especial de los niños, niñas y adolescentes de las familias afectadas”, advirtió Durán Uribe.
Pero además de lo anterior, la Personería recalca que este año se han incrementado las denuncias ciudadanas en el tema de las extorsiones a las que están sometidos los transportadores y los comerciantes, lo que genera aumento en el costo de vida y afecta gravemente la calidad de vida de las personas.
“La Personería se ha reunido con líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y diferentes organizaciones que han manifestado que no es un fenómeno nuevo, pero que, ante el aumento de los enfrentamientos y la incursión de nuevos actores armados, es cada vez más difícil llevar una vida digna”, dice el informe.
Transporte afectado
Otro sector afectado, tal como lo ha registrado EL COLOMBIANO en diversos informes, es el del transporte.
En el sector de San Javier, durante los últimos días de abril, algunos alimentadores del metro y las rutas 200, 222, 201, 202, 203 y 221 dejaron de prestar servicio por temor a las represalias por el no pago de “vacunas”. Igual aconteció en Robledo.
En Altavista, tal como lo evidenció la Personería, varios productos de consumo diario, como el gas, las arepas y los huevos, se encuentran sometidos al control y el cobro de “vacunas” por parte de grupos armados ilegales.
En Robledo, la ciudadanía y los conductores de buses, en particular, han manifestado ser víctimas de extorsión.
“Incluso varias veces en un solo recorrido, pues diversos grupos armados tienen control sobre diferentes puntos de la comuna”, denuncia el Personero, quien les pidió a las autoridades que conciban la seguridad desde un enfoque humano integral y se atienda, con mayor firmeza, las demandas sociales de la comunidad.
El funcionario reiteró su compromiso de acompañar de manera constante a la comunidad desde su institución, una labor que se ha intensificado tras conocerse las primeras alarmas y las manifestaciones de diferentes líderes sociales y de la ciudadanía.
Fuente: elcolombiano.com
