La situación legal de Nicolás Petro, hijo del Presidente de la República, se complica con la imputación de nuevos cargos por parte de la oficina del Fiscal General.
A los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, ahora se agregan los de interés inadecuado en la conclusión de contratos, el vendedor de influencia y la falsedad en el documento.
La audiencia para la imputación está programada para el 1 de octubre a las 9:00 de la mañana en los tribunales de Barranquilla.
Estas nuevas acusaciones están vinculadas a una supuesta celebración inadecuada de contratos que el ex diputado habría hecho, a través de terceros, por un valor superior a $ 3,000 millones de pesos, entre 2020 y 2021, mientras ejercía su posición en el Atlántico.
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Estos contratos, firmados a través de la Fundación de Conciencia Social (Fucoso) y la Unión Temporal de Conciencia inclusiva, con el objetivo de ofrecer programas de atención a adultos mayores y estudiantes en discapacidad, pero los servicios no habrían sido ejecutados.
Uno de los contratos recaudados se firmó por $ 400 millones de pesos, de los cuales $ 120 millones se habrían asignado a Nicolás Petro y su entonces esposa, Day Vásquez.
Los otros $ 80 millones, aparentemente, habrían distribuido entre Gustavo de la Ossa, director de la Fundación, y Nombre de Pedro, ex parcial de Vásquez.
La imputación de nuevas posiciones a Nicolás Petro podría resultar en la emisión de una orden de arresto o una medida de garantía, ya sea detención preventiva o casa por cárcel, lo que agravaría su situación judicial. La decisión será tomada por un tribunal de control de garantía que se asignará el mismo día de la audiencia.
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