El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio nuevos lineamientos a su equipo anticorrupción para realizar una revisión jurídica de las recientes revelaciones periodísticas relacionadas con presuntos acercamientos entre altos funcionarios del Gobierno saliente y el Clan del Golfo.
La instrucción estuvo dirigida al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien también lidera el comité anticorrupción. En el documento, el presidente electo señala que la información de conocimiento público «constituye hechos de la mayor gravedad institucional, que requieren una respuesta jurídica inmediata, rigurosa y acorde con el Estado de derecho».
De la Espriella sostiene también que el mandato recibido en las urnas implica fortalecer la autoridad del Estado y garantizar que cualquier actuación atribuida a los servidores públicos sea evaluada por las autoridades competentes cuando existan elementos para ello.
Revisión de posibles acciones legales
Entre las instrucciones dadas al comité de empalme está la evaluación integral de la información disponible para determinar si existen fundamentos que permitan la presentación de denuncias penales, disciplinarias y otras acciones apropiadas.
En este sentido, el documento solicita “promover la presentación de denuncias penales, disciplinarias y demás acciones apropiadas ante las autoridades competentes”, respecto de los hechos revelados y los funcionarios que eventualmente podrían verse comprometidos.
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La comunicación también ordena incluir dentro del análisis las acciones atribuidas al ex Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda Rodríguez, con el propósito de establecer si existen fundamentos jurídicos suficientes para impulsar las acciones legales correspondientes.
También pide evaluar acciones ante organismos internacionales
Dentro de los lineamientos, el presidente electo ordenó estudiar la posibilidad de enviar información pertinente al Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de canales institucionales y diplomáticos, cuando los hechos puedan ser de su competencia.
Asimismo, instruyó evaluar si procede poner los hechos en conocimiento de organismos internacionales cuando las conductas investigadas puedan comprometer obligaciones internacionales del Estado colombiano o involucrar presuntas violaciones graves de derechos humanos.
Al cerrar el documento, De la Espriella reiteró el objetivo de las instrucciones al señalar: «El pueblo colombiano nos ha encomendado la responsabilidad de recuperar el legítimo monopolio de la fuerza, restaurar el orden público y garantizar que ningún servidor público quede fuera del escrutinio de la justicia cuando existan razones suficientes para investigar su conducta».
Finalmente, solicitó que las acciones se realicen con prioridad y concluyó pidiendo: “Solicito que estas instrucciones se sigan con la mayor diligencia y que se me informe oportunamente sobre las acciones realizadas y las decisiones adoptadas”.