El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) tomó medidas contundentes tras descubrir una serie de irregularidades en el penal de La Paz de Itagüí. La situación salió a la luz luego de que se viralizaran videos e imágenes de lo que se describió como una “fiesta del valle” dentro del centro de detención.
Como primera acción, la entidad ordenó el cese de 11 funcionarios que se encontraban de servicio durante la celebración, mientras se realizan investigaciones para determinar responsabilidades por las fallas en el control del penal.
Además, se ordenó el traslado de dos directivos: el teniente Fabián León será enviado al penal de Bello, y Fredy Antonio Cipriano, director a cargo del establecimiento, será trasladado al penal de Jamundí.
Durante varios días, equipos de élite del INPEC realizaron operativos de inspección en los pabellones, especialmente en las zonas de alta seguridad, para detectar y retirar objetos no permitidos en los centros penitenciarios.
Entre los elementos encontrados se encontraban 62 refrigeradores, siete televisores, tres celulares, un módem wifi, una computadora portátil, una tablet, ventiladores, aires acondicionados, sartenes, barriles, equipos de sonido, además de sustancias ilícitas que incluían 1,323 gramos de material vegetal y 271 gramos de polvo.
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El incidente también reveló graves fallas en los procedimientos de seguridad. Las imágenes captadas por los sistemas de vigilancia muestran que, al momento del ingreso de los visitantes, incluido el cantante Nelson Velásquez y su equipo, no había guardias en la entrada principal, sino personas vestidas de civil que controlaban el acceso. Esto permitió que varios invitados ingresaran sin pasar por los procesos de verificación habituales.
Entre los asistentes registrados se identificó la presencia de una mujer que requirió ayuda para caminar y una persona que parecía ser un menor de edad. La celebración, según información oficial, correspondió al cumpleaños de un recluso y fue financiada por varios reclusos.
El INPEC señaló que las medidas adoptadas buscan no sólo sancionar a los responsables, sino también reforzar los controles y protocolos de seguridad para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.
Por ahora las investigaciones disciplinarias continúan y se espera que se tomen nuevas acciones a medida que avance la revisión de responsabilidades y el cumplimiento de las normas internas del penal.
Este hecho ha generado gran preocupación por la vulnerabilidad en la vigilancia al interior de algunos centros penitenciarios y ha puesto a la entidad ante la necesidad de revisar los procedimientos de control, ingreso y supervisión de visitas y personal, buscando garantizar la seguridad tanto de los internos como del personal penitenciario.