El Ministerio de Minas y Energía de Colombia emitió un enérgico rechazo a la reciente decisión del Gobierno de Ecuador de disparar la tarifa de transporte del crudo nacional.
El incremento, que supera el 900%, eleva el costo por barril de 2,5 dólares a más de 30 dólares para los usuarios extranjeros que utilizan el Oleoducto Transecuatoriano (Sote).
Para el Gobierno Nacional, esta jugada en el tablero energético binacional es una medida 'unilateral y desproporcionada' que carece de respaldo técnico y busca asfixiar la producción petrolera en el sur del país.
El Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, fue contundente al calificar la medida como una agresión directa que viola acuerdos históricos, específicamente el acuerdo del 13 de febrero de 2011.
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Palma advirtió que los más afectados no sólo son las grandes empresas, sino también los pequeños y medianos productores del departamento del Putumayo. Este sector es el motor que sostiene miles de empleos y la estabilidad social en la región, por lo que el aumento de tarifas, sumado a la caída de los precios internacionales, deja a estas empresas al borde del colapso operativo.
En medio de la tensión por la crisis energética, el ministro también criticó al Consejo Sindical Nacional. Palma cuestionó el “patriotismo” de los empresarios, señalando que si bien piden declaraciones de emergencia, guardan silencio ante la hostilidad de Ecuador y la crisis nacional del etanol.
«Propusimos diálogo, pero respondieron con ataques a base de excusas. Estábamos a punto de iniciar conversaciones y las cancelaron para volver a atacar»afirmó el titular de la cartera minero-energética.
Finalmente, el Gobierno Nacional reiteró que este aumento de precios desconoce los principios de integración de la Comunidad Andina y el espíritu de cooperación fronteriza.
Aunque la diplomacia colombiana afirma mantener la voluntad de negociar, el ambiente es cada vez más tenso. Se espera que en las próximas horas se evalúen mecanismos comunitarios para denunciar lo que Colombia considera una discriminación arbitraria en el transporte de hidrocarburos, afectando la competitividad de todo el sector energético del país.
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