El Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció este lunes 16 de febrero que, luego de una sesión extraordinaria de la Comisión de Concertación, se acordó mantener el aumento del 23,7% en el decreto transitorio del salario mínimo, por lo que volvería a quedar en dos millones de pesos con asistencia de transporte incluida.
La reunión, convocada por instrucción del presidente Gustavo Petro, se realizó en la sede del Ministerio de Trabajo con la participación de empresarios, sindicatos y representantes del Gobierno Nacional.
Según Sanguino, tanto el sector empresarial como los sindicatos expresaron su apoyo mayoritario a mantener los efectos del decreto que estableció el salario mínimo en $2 millones.
“Por el lado empresarial, existe una opinión mayoritaria a favor de que sería incorrecto dictar un decreto que modifique el aumento del 23,7% que hoy rige”.afirmó el titular de la cartera laboral luego de finalizar la sesión.
El ministro explicó que el principal argumento para mantener el porcentaje era la necesidad de preservar la estabilidad económica.
“El salario digno ya se ha incorporado a la dinámica empresarial y a los ingresos y gastos de las familias beneficiadas”dijo Sanguino, advirtiendo que modificar la cifra podría impactar negativamente en la planificación tanto de las empresas como de los hogares.
Este decreto transitorio fue ordenado por el Consejo de Estado el pasado viernes, luego de que suspendiera provisionalmente el documento emitido en diciembre de 2025 y firmado por el presidente Petro, en el que se oficializaba el aumento para 2026. El máximo tribunal dio un plazo de ocho días al Gobierno Nacional para anunciar la medida temporal mientras toma una decisión de fondo sobre el caso.
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El Consejo de Estado estableció que el decreto transitorio “debe aplicar plenamente los criterios legales y constitucionales vigentes” y “contener una base económica detallada y verificable”.
Como respaldo, las centrales obreras respaldaron la decisión de mantener el 23,7% y la calificaron de “un derecho adquirido, legal y constitucional”.
Fabio Arias, presidente de la CUT, declaró: “Vamos a defender este decreto del 23,7%, hoy lo defendimos. Éste ya es un derecho adquirido y reconocido. Este decreto es legal y constitucional en el marco jurídico del país. «El Consejo de Estado se equivoca».
Sin embargo, persisten las preocupaciones del sector empresarial. Fenalco ha alertado de los riesgos de mantener el incremento del 23,7%, señalando que se podrían perder hasta 700.000 puestos de trabajo por el impacto en la nómina de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.
Sanguino reiteró que el Ejecutivo cumplirá con lo ordenado por el alto tribunal y que “el Gobierno emitirá el decreto transitorio” esta misma semana.
La discusión sobre el salario mínimo continúa desarrollándose mientras el país espera la emisión oficial del decreto transitorio y la decisión final del Consejo de Estado sobre la legalidad del aumento inicialmente establecido por el Gobierno Nacional.
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