Fenalco Antioquia, Cámara de Comercio de Medellín y La Andi también rechazaron la propuesta.
A través de un comunicado, el movimiento Creemos rechazó la propuesta del gobernador de Antioquia de gravar los servicios públicos con un impuesto para la Seguridad del departamento y se declaró en oposición a este Proyecto de Ordenanza No. 59 de 2024.
Recientemente, EPM expuso el riesgo a la vulneración del principio de legalidad tributaria al facturar y recaudar este tipo de obligaciones, lo cual llevaría a la nulidad del proyecto, en ese sentido, la bancada indica que el proyecto no es jurídicamente viable.
Desde el movimiento Creemos indicaron que “Ni la ciudadanía y los empresarios no están en condiciones de asumir más cargas impositivas” y aseguran que el encarecimiento en el costo de los servicios públicos pondría en riesgo la estabilidad y el progreso de Antioquia.
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Desde la bancaba proponen cinco alternativas para financiar la seguridad del departamento:
1. La implementación y fortalecimiento del modelo de obras por impuestos: En coordinación con empresas como EPM, destinar hasta el 50% del impuesto de renta de las empresas para recaudar más de $300.000 millones al año, beneficiando a los municipios PDET y ZOMAC de Antioquia.
2. Articulación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá con cerca de los $150.000 millones.
3. Fomento de alianzas público-privadas (APP) para la ejecución de obras de infraestructura, como los $194.000 millones destinados a la construcción y operación de una nueva cárcel.
4. Venta de activos improductivos con base en la Ordenanza No. 15 de julio de 2024. Esto permitirá destinar el 85% de los ingresos obtenidos para financiar inversiones prioritarias en seguridad.
5. Reestructuración del Proyecto de Ordenanza No. 60 que contempla un empréstito de $1.6 billones.
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Desde Creemos reiteraron su compromiso de representar los intereses de los antioqueños con integridad y responsabilidad.