La Fiscalía General de la Nación procesó a dos hombres acusados de participar en el secuestro de un comerciante caleño, quien había sido engañado con la supuesta negociación de terrenos destinados a actividades de explotación minera. La víctima estuvo retenida durante siete días en un domicilio de Medellín, mientras sus familiares recibían exigencias económicas para obtener su liberación.
Los capturados fueron identificados como Maicol Castrillón y Santiago Gallo, quienes, según la investigación, habrían estado a cargo de la custodia del comerciante durante el tiempo que estuvo privado de libertad.
El supuesto negocio terminó siendo un secuestro
Según el material probatorio recabado por la Fiscalía, los hechos comenzaron el 23 de junio, cuando el comerciante salió de Cali rumbo a Medellín para reunirse con varias personas y concretar un presunto negocio relacionado con la compra de terrenos para la explotación minera en el sur del departamento de Bolívar.
Sin embargo, al llegar al lugar acordado, el hombre fue abordado por varios sujetos que lo obligaron a subir a un vehículo de servicio público y posteriormente lo llevaron hasta un inmueble ubicado en el barrio La Iguaná, en la capital de Antioquia.
Una vez en el lugar, la víctima habría sido intimidada con armas de fuego y despojada de sus pertenencias, cuyo valor se estimó en aproximadamente 15 millones de pesos.
Además, las autoridades establecieron que estuvo detenida contra su voluntad mientras los responsables se comunicaron con sus familiares para exigir el pago de 800 millones de pesos como condición para liberarla.
El rescate se produjo tras un operativo conjunto
Luego de varios días de investigación, la Fiscalía y el Gaula de la Policía Nacional desarrollaron un operativo que permitió localizar el inmueble donde estaba secuestrado el comerciante.
Sigue el canal de WhatsApp
ciudad de medellin
La intervención se realizó siete días después del secuestro y permitió rescatar a la víctima, así como capturar en flagrancia a Maicol Castrillón y Santiago Gallo, quienes, según la investigación, serían los encargados de monitorear al comerciante durante su cautiverio.
Durante el procedimiento también se incautó un arma de fuego, un silenciador y un proveedor con 12 cartuchos calibre 9 milímetros, elementos que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.
Los acusados fueron enviados a la cárcel.
Luego de las detenciones, un fiscal del Gaula adscrito a la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales presentó a los dos detenidos ante un juez de control de garantías.
La Fiscalía les imputó los delitos de secuestro extorsionista, hurto y fabricación calificados, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas o explosivos, todas conductas con agravantes.
Durante las audiencias, los imputados no aceptaron los cargos formulados por el organismo investigador.
Finalmente, el juez aceptó el pedido de la Fiscalía y le impuso medida privativa de libertad en prisión mientras avanza el proceso judicial en su contra.