Minuto30.com .- La Fiscalía General de la República anunció la apertura de una investigación disciplinaria formal contra Irene Vélez, quien al momento de los hechos se desempeñaba como directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). El ente de control busca establecer su presunta responsabilidad por las fallas de control y seguimiento del proyecto hidroeléctrico Urrá, situación que generó graves inundaciones en la cuenca del río Sinú.
Una tragedia que “no fue inesperada”
Para el Ministerio Público, las inundaciones que afectaron a miles de personas en Córdoba no fueron un hecho fortuito de la naturaleza. El pliego de cargos sugiere que los riesgos ya estaban plenamente identificados y que la emergencia sería consecuencia directa de decisiones técnicas y administrativas que no se tomaron a tiempo.
La investigación indica que, al parecer, se dio prioridad a la generación de energía y beneficio económico sobre el control de los niveles de agua necesarios para evitar desbordamientos, incumpliéndose así las normas básicas de manejo del embalse.
La “hincha” llega a otras seis entidades
La decisión del Fiscal General no se limita al exdirector de la ANLA; El proceso abarca a otros seis altos funcionarios y exfuncionarios vinculados a la supervisión del sistema energético y ambiental:
ANLA: Por supuestos retrasos y falta de rigor en el seguimiento de las obligaciones ambientales del proyecto.
Superintendencia de Servicios Públicos: Se investiga por qué, teniendo información sobre los riesgos, no actuó con la celeridad requerida.
CVS (Corporación Autónoma Regional del Sinú y San Jorge): Por fallas en el control de intervenciones inadecuadas en áreas de humedales.
URRÁ SAESP: Por el supuesto inadecuado funcionamiento de la presa y fallas en los sistemas de alerta temprana.
Fallos en los planes de emergencia
El ente de control cuestiona duramente la efectividad de los Planes de Gestión de Riesgos. Según el informe, hubo un manejo irregular de los niveles del embalse y se permitió que el agua pasara por encima de los límites permitidos, sin que funcionaran los sistemas de alerta para avisar a las poblaciones ribereñas.
Irene Vélez y los demás involucrados deberán presentar sus defensas ante la Fiscalía General de la República, mientras la entidad recolecta pruebas para determinar si hubo omisión de funciones o extralimitación que puso en riesgo la vida y bienes de los habitantes del departamento de Córdoba.