Minuto30.com .- En las últimas horas, los más altos niveles de justicia y control disciplinario del país lanzaron un categórico ultimátum al Ejército de Liberación Nacional (ELN), exigiendo la liberación inmediata e incondicional de cuatro servidores públicos secuestrados el año pasado en el departamento de Arauca.
Las declaraciones marcan una línea roja contra el accionar de grupos armados ilegales.
Este llamado no sólo representa una demanda humanitaria urgente para poner fin al cautiverio de las víctimas, sino que también se erige como una fuerte defensa del Estado Social de Derecho y un rechazo absoluto a la intención del grupo guerrillero de usurpar las funciones del poder judicial colombiano a través de la figura ilegítima de supuestos «juicios revolucionarios».
El bloque institucional basó su reclamo en los pilares más profundos de la democracia colombiana. Recordaron enfáticamente que Colombia es un Estado Social de Derecho, fundado y regido por la Constitución de 1991.
Dicho mandato supremo establece de manera irrenunciable que los jueces de la República, las instituciones que integran el Poder Judicial y los órganos legalmente constituidos del Estado son los únicos encargados y facultados para administrar justicia en el territorio nacional.
El valor de la vida.: Las instituciones resaltaron que el respeto a la vida, la integridad física y moral y la libertad de todos los colombianos no es una concesión, sino el principio básico y fundacional del Estado.
El daño a la paz: La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República fueron claras al señalar que el uso reiterado y sistemático de prácticas como el secuestro –absolutamente prohibidas tanto en Colombia como en el derecho internacional– destruye directamente la confianza de la sociedad en cualquier esfuerzo o mesa de diálogo que busque superar la violencia.
Las cicatrices del conflicto: La vasta y dolorosa experiencia de décadas de conflicto armado en el país ha demostrado hasta la saciedad que el secuestro no es una herramienta política, sino un acto de crueldad que sólo causa más daño, dejando consecuencias psicológicas y emocionales permanentes e irreparables en las víctimas, sus familias y el tejido social del país.
Las víctimas: Nombres que claman por libertad
Las entidades hicieron un llamado con nombre propio, recordando que detrás de las figuras hay familias enteras sumidas en la angustia. Exigieron respeto a la vida y libertad inmediata de:
Jesús Antonio Pacheco Oviedo (Agente de la Dirección de Protección y Asistencia)
Rodrigo Antonio López Estrada (Agente de la Dirección de Protección y Asistencia)
Franki Hoyos Murcia (Miembro de la Policía Nacional)
Yordin Fabián Pérez Mendoza (Miembro de la Policía Nacional)
Asimismo, las instituciones aprovecharon para extender un profundo agradecimiento al pueblo, las organizaciones civiles, la Iglesia y las autoridades humanitarias que, en medio del silencio y el riesgo, mantienen activos los canales humanitarios en Arauca para lograr la liberación de estos servidores públicos como una muestra real de la voluntad de paz por parte de la organización armada ilegal.
“La paciencia se agotó”: el duro pronunciamiento del Fiscal General
El punto más alto de la jornada institucional lo encabezó el Fiscal General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, quien subió el tono para expresar su más categórico repudio a las recientes intenciones del grupo criminal autodenominado ELN.
En un comunicado que no dejó lugar a ambigüedades, el titular del Ministerio Público descalificó las maniobras propagandísticas de la guerrilla y su intención de someter a los agentes secuestrados a castigos bajo sus propias reglas armadas.
“Como colombiano y como Fiscal General rechazo firmemente los infames secuestros”. […] Es absolutamente inaceptable la intención traicionera e ilegítima de este grupo de someterlos a supuestos 'juicios revolucionarios' y prolongar arbitrariamente su cautiverio», afirmó Eljach Pacheco.
El Fiscal General fue implacable al señalar que desconoce rotundamente cualquier facultad o autoridad moral y legal para procesar a civiles o miembros de la Fuerza Pública por parte de quienes calificó como “criminales, terroristas, narcotraficantes y enemigos de la democracia y la paz”.
Un delito sin justificación ni amnistía
Para el Ministerio Público los lineamientos legales son claros. Ningún grupo armado ilegal, bajo cualquier bandera o ideología, puede asumir funciones de autoridad judicial, imponer sentencias ilegales o tomar control de la libertad y dignidad de los colombianos.
Ofensa a la Nación: “El ELN debe entender que con estos actos atroces insulta a toda la sociedad colombiana, sí, a toda, y hace saltar por los aires los puentes que tanto las autoridades como la comunidad internacional le han tendido para facilitar su transición a la legalidad”, señaló el Fiscal General.
Sin impunidad: Eljach recordó que el secuestro es una grave y flagrante violación de los Derechos Humanos (DDHH) y del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Destacó que este crimen no puede ser amnistiado, que es castigado por toda la humanidad y que no admite justificación bajo ninguna circunstancia política o territorial.
El mensaje a los criminales: En una frase que resume el sentir de millones de ciudadanos, el funcionario advirtió: «La paciencia se agota. Estos criminales sólo merecen largas condenas y repudio hasta que reparen todo el daño que han causado a Colombia. Han abusado durante demasiado tiempo y descaradamente de la generosidad de esta sociedad que clama por la paz».
Un llamado a la acción gubernamental y internacional
Finalmente, la Fiscalía General no sólo exigió al ELN la liberación incondicional y en plenas condiciones de seguridad de las cuatro personas, sino que también planteó pedidos claros al Ejecutivo y a la comunidad global.
El Fiscal General instó perentoriamente al Gobierno Nacional a tomar todas las acciones pertinentes, estratégicas y operativas para buscar la libertad de los funcionarios secuestrados y garantizar el resguardo del orden nacional. A su vez, instó a las autoridades judiciales y militares competentes a agotar todos los recursos legales para perseguir, someter y procesar a los responsables de estos plagios con todo el peso de la ley.
El comunicado concluyó con un poderoso llamado a la comunidad nacional e internacional, a las organizaciones humanitarias como la Cruz Roja, y a todas las instituciones del Estado, a mantener una voz firme, unida e inquebrantable frente a estos actos criminales que hoy ofenden la dignidad humana y hieren profundamente el corazón de la nación colombiana. La solidaridad total hoy recae en las familias de Jesús, Rodrigo, Franki y Yordin, quienes esperan que la justicia y el Estado de derecho prevalezcan sobre el terror.