La reciente apertura del concurso para la compra de más de 1,000 chalecos blindados por parte de la Gobernación de Boyacá ha levantado serias alarmas sobre posibles irregularidades en el proceso de contratación. Con un valor que supera los 5,200 millones de pesos, la adjudicación de este contrato podría estar diseñada para beneficiar a un único proveedor: Miguel Caballero, conocido como el “zar de las prendas de vestir para la Policía en Colombia“. Esta situación plantea interrogantes sobre la transparencia y la equidad en la gestión pública bajo la administración de Carlos Amaya.
Requisitos Cuestionables y Direccionamiento
Desde el inicio del proceso, se han expresado preocupaciones sobre los pliegos de condiciones que parecen estar “hechos a la medida”. Denunciantes aseguran que ciertas exigencias técnicas para los chalecos solo pueden ser cumplidas por la unión temporal de Miguel Caballero. Esto ha llevado a que solo dos de las ocho empresas interesadas presenten propuestas, dejando en entredicho la competitividad del proceso. La inclusión de requisitos como la necesidad de que los chalecos sean fabricados con telas que impidan la transferencia de energía eléctrica es una medida que muchos consideran innecesaria y, potencialmente, un intento de favorecer a un contratista específico.
La Responsabilidad de la Gobernación
La administración de Carlos Amaya enfrenta críticas por la falta de transparencia en este proceso. A pesar de las alertas sobre el posible direccionamiento del contrato, la Gobernación ha continuado con el cronograma de adjudicación sin realizar modificaciones significativas en los pliegos. Esto genera desconfianza entre los ciudadanos y las empresas, que esperan que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente y justa.
Normas Ignoradas
Otro aspecto preocupante es la aparente omisión de normas establecidas por el Grupo de Armamento (GARMA) de la Policía Nacional. A pesar de que el GARMA define las características que deben cumplir los chalecos antibalas, la Gobernación ha introducido requisitos que no se alinean con estas normativas. Esta decisión no solo pone en entredicho la legalidad del proceso, sino que también podría comprometer la seguridad de los policías que utilizarán estos chalecos.
La controversia en torno a la compra de chalecos blindados en Boyacá es un claro ejemplo de cómo la falta de transparencia puede socavar la confianza en las instituciones. La administración de Carlos Amaya debe abordar estas preocupaciones y garantizar que el proceso sea justo y competitivo, evitando favorecer a un solo proveedor. Solo así se podrá restaurar la confianza de los ciudadanos y asegurar un uso adecuado de los recursos públicos.
