Dos ex empleadas de las residencias de Julio Iglesias en el Caribe presentaron denuncias en España afirmando que fueron sometidas a exámenes médicos sin su consentimiento, además de denunciar presuntos acoso sexual y explotación laboral mientras trabajaban para el cantante. Las denuncias fueron presentadas el 5 de enero ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que abrió una investigación previa contra el artista español.
La actuación de la justicia española se produjo tras la publicación de una investigación periodística difundida por el medio español elDiario.es y la cadena estadounidense Univisión, en la que se recogen los testimonios de las presuntas víctimas y documentación que sustenta las acusaciones.
Exámenes médicos sin consentimiento y prácticas discriminatorias
Según los relatos publicados por ambos medios, las denunciantes -identificadas con los nombres ficticios de Rebeca y Laura- aseguraron que durante su periodo de trabajo en propiedades de Julio Iglesias ubicadas en República Dominicana y Bahamas, en 2021, fueron sometidas a controles médicos que incluyeron pruebas de VIH, hepatitis, clamidia, ecografías y pruebas de embarazo.
Según sus testimonios, estos exámenes fueron realizados exclusivamente a mujeres, no estaban relacionados con sus funciones laborales y fueron realizados sin consentimiento informado, bajo presiones implícitas que ponía en riesgo la continuidad de su empleo.
«Nos mandó a las niñas al ginecólogo para que nos hicieran un reconocimiento general. Éramos 10 o 12 niñas. Allí nos hicieron todo, el ginecólogo nos revisó todo. Sólo a las niñas», relató Rebeca en declaraciones a elDiario.es.
Por su parte, Laura afirmó en declaraciones a Univisión: «Nos mandaron a todos al médico. Me hicieron pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Nos hicieron ecografías y análisis de sangre para ver si teníamos algún tipo de enfermedad. No me pareció normal».
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La investigación periodística señala que los controles médicos no se realizaron antes de la contratación, sino durante el periodo laboral, que ninguna de las mujeres pagó las pruebas y que todas fueron atendidas por el mismo médico. Los denunciantes aseguraron que, si bien no se les dijo explícitamente que los exámenes eran obligatorios, entendieron que formaban parte de las condiciones para mantener el empleo.
Especialistas citados en el informe indicaron que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que la imposición de pruebas ginecológicas y de embarazo sin justificación constituye una práctica discriminatoria por razón de sexo. Además, se recuerda que la legislación de República Dominicana sanciona a los empleadores que exigen pruebas de VIH a sus trabajadores.
Denuncias por acoso, control laboral y apoyo institucional
Más allá de los exámenes médicos, los denunciantes describieron un ambiente de trabajo marcado por un estricto control, jornadas de hasta 16 horas y controles constantes de sus celulares. Laura, fisioterapeuta venezolana, afirmó haber sido víctima de tocamientos no consentidos, así como de repetidos comentarios sobre su cuerpo y su vida personal. Rebeca, de nacionalidad dominicana, afirmó que durante su estancia en las propiedades del artista se sintió utilizada y deshumanizada.
El caso cuenta con el apoyo de la organización feminista Women's Link, que apoyó la presentación de la denuncia. En rueda de prensa virtual, la abogada Gema Fernández confirmó que la Fiscalía española concedió a ambas mujeres la condición de testigos protegidos y señaló que las denunciantes nunca fueron informadas sobre las condiciones reales de empleo ni el entorno de acoso que enfrentarían.
La investigación, desarrollada a lo largo de tres años, está respaldada -según elDiario.es y Univisión- en documentación médica, registros telefónicos, fotografías y testimonios de otros exempleados, que también describieron un ambiente laboral hostil. Tras la publicación del caso, Enlace Mujer afirmó haber recibido nuevas denuncias de otros trabajadores vinculados al entorno de la cantante, cuyas identidades se mantienen reservadas por motivos de seguridad.
Hasta el momento, Julio Iglesias y su equipo legal no han respondido a las solicitudes de comentarios realizadas por los medios que informaron sobre la investigación. Sin embargo, una mujer identificada como administradora de una de las propiedades del artista en el Caribe calificó las acusaciones de «absurdas».
A sus 82 años, Julio Iglesias sigue siendo una de las figuras más reconocidas de la música española. La Fiscalía de la Audiencia Nacional mantiene una investigación previa para determinar si existen elementos suficientes que permitan avanzar hacia un proceso judicial formal o si el caso será archivado.