La suspensión de los bombardeos en Arauca fue ordenada por un juez que falló a favor de una acción de protección presentada por el representante del municipio de Puerto Rondón.
La decisión obliga al Gobierno Nacional a detener temporalmente este tipo de operaciones militares mientras revisa y fortalece los protocolos para proteger a la población civil, especialmente a niños, niñas y adolescentes.
Según el fallo, el presidente Gustavo Petro, el Ministro de Defensa y el comandante de la Fuerza Aeroespacial de Colombia tendrán un plazo máximo de dos meses para revisar exhaustivamente los procedimientos utilizados en las operaciones de bombardeo y ajustar los protocolos de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Mientras avanza este proceso, la Fuerza Aeroespacial deberá suspender los bombardeos contra estructuras o grupos armados organizados en el departamento de Arauca.
Además de ordenar la revisión de los protocolos, el juez ordenó que el Gobierno diseñe e implemente una política pública de separación humanitaria para menores reclutados por organizaciones armadas ilegales.
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Esta estrategia debe articular el trabajo de la Fuerza Pública con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el propósito de garantizar adecuados procesos de recuperación y protección de esta población.
La decisión judicial se produce en medio del debate que los atentados han generado durante el actual Gobierno.
Según cifras difundidas recientemente por Medicina Legal, alrededor de 65 menores han muerto en operaciones militares realizadas durante este cuatrienio en diferentes regiones del país, situación que ha reavivado la discusión sobre el uso de esta estrategia en zonas donde hay población vulnerable.
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