El caso se suma a las advertencias de Federico Gutiérrez sobre un presunto saqueo de un billón de pesos durante la alcaldía de Daniel Quintero
Un juez de control de garantías de Medellín ordenó la medida de aseguramiento en residencia para Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero Calle, en relación con las investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. En la misma audiencia, el despacho judicial otorgó la libertad a Sebastián de Dios Ortega Urán, otro de los procesados en el expediente.
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El juzgado no acogió la solicitud formulada por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la representación legal del Área Metropolitana, entidades que habían pedido la detención en centro carcelario para Quintero Calle. El ente acusador le atribuye la posible coordinación de un esquema para la adjudicación de seis convenios con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí durante la emergencia sanitaria por la pandemia. Según las pesquisas, estos contratos habrían sumado 17.000 millones de pesos y habrían generado el presunto desvío del 15 % de dichos recursos ($2.481 millones).
Durante las diligencias, la defensa de Quintero Calle solicitó declarar la ilegalidad y exclusión del material probatorio de la Fiscalía, petición que fue descartada por el juez al considerar que existiría una inferencia razonable de responsabilidad. Pese a la determinación de prisión domiciliaria, tanto la Fiscalía como la representación legal del Área Metropolitana manifestaron que interpondrán un recurso de apelación contra la medida.
Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo un pronunciamiento público expresando su inconformidad respecto a la detención domiciliaria concedida a Quintero Calle. Gutiérrez señaló su rechazo a que el procesado cumpla la medida fuera de un establecimiento carcelario, al considerar que existirían riesgos de obstaculización a la justicia y presión sobre testigos. No obstante, el mandatario distrital reconoció la importancia de que exista una orden privativa de la libertad mientras avanza el proceso penal, manifestando que se buscaría el esclarecimiento total de los hechos y la restitución de los fondos públicos que se habrían afectado.
En el marco del mismo proceso judicial, Sebastián de Dios Ortega Urán, a quien se le imputó el delito de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, continuará vinculado a la investigación en libertad tras rechazar los cargos. Asimismo, el caso cuenta con la condena previa del extesorero de los Bomberos de Itagüí, Juan Alberto Cardona Henao, mediante un acuerdo de aceptación de cargos por falsedad documental.
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