Se abrió un nuevo capítulo en el polémico caso del MI-17, luego de que en las últimas horas un juez de control de garantías ordenara la liberación inmediata del coronel Ferney Rincón y otras dos personas que habían sido vinculadas a la investigación por presuntas irregularidades en los contratos de mantenimiento de estas aeronaves militares.
La decisión generó reacciones en el sector de defensa y volvió a poner bajo la lupa uno de los procesos de contratación más cuestionados de los últimos años.
Según se manifestó durante la audiencia, el despacho judicial consideró que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para permitir la imposición de medida de seguridad penitenciaria contra los tres investigados.
Lea también: ¡Maduro se metió al rancho! Trump confirma ataques a infraestructura terrestre venezolana
A juicio del juez, el material recabado hasta el momento no demuestra claramente la necesidad de mantenerlos privados de su libertad mientras avanza el proceso penal relacionado con el MI-17.
El coronel Rincón había sido acusado por su presunta participación en la firma y ejecución de un contrato destinado al mantenimiento de helicópteros de fabricación rusa que forman parte de la flota aérea del Ejército Nacional. Estos aviones son clave para operaciones de transporte de tropas, apoyo logístico y misiones en zonas de difícil acceso y alto riesgo.
Durante el proceso judicial, la defensa de los involucrados insistió en que su actuación se apegó a los protocolos internos y a la normativa vigente en materia de contratación pública y procedimientos militares. Además, reiteraron que no hubo intención de causar perjuicio al patrimonio público ni beneficiar irregularmente a terceros.
Sin embargo, la libertad concedida no significa el cierre del proceso. Los tres involucrados permanecen vinculados formalmente a la investigación y deberán continuar compareciendo ante las autoridades judiciales a medida que se completen nuevas etapas del caso. De hecho, trascendió que la Fiscalía estaría evaluando la posibilidad de presentar un recurso de apelación para intentar revertir la decisión.
El expediente MI-17 investiga supuestos fallos administrativos y posibles sobrecostes en los contratos destinados a garantizar el funcionamiento de estas aeronaves, consideradas estratégicas para la seguridad nacional. A medida que avanza el proceso, el caso continúa generando debate sobre los controles en la contratación militar y la gestión de los recursos públicos en el sector de defensa.
Más noticias de Colombia