Las falsas agencias de viajes están en el centro de una investigación de la Fiscalía General de la República, que procesó a dos hombres acusados de formar parte de una organización que presuntamente defraudó a más de 1.000 personas en Medellín y obtuvo de manera fraudulenta más de 14.000 millones de pesos.
Según el ente investigador, los imputados fueron identificados como Ruthber, señalado como presunto líder de la estructura, y Jorman, quienes participaron en un esquema que ofrecía supuestas membresías turísticas, bonos y descuentos exclusivos para atraer víctimas.
Según la investigación, las personas eran citadas a oficinas que funcionaban como falsas agencias de viajes, donde les pedían que entregaran sus documentos de identificación, tarjetas bancarias y teléfonos celulares con el argumento de verificar los beneficios ofrecidos.
Mientras permanecían en las instalaciones, otros miembros de la organización aparentemente accedieron a la información almacenada en los dispositivos electrónicos, abrieron productos financieros a nombre de las víctimas y realizaron movimientos de dinero a cuentas controladas por la red.
La Fiscalía indicó que las principales víctimas fueron adultos mayores, personas con limitaciones visuales o cognitivas y ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, quienes, presuntamente, fueron seleccionados para facilitar el engaño.
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Como parte de la investigación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizó 15 diligencias de allanamiento en Medellín, La Ceja y Manizales. Durante los operativos fueron incautados computadoras, discos duros, celulares, bases de datos y otros elementos que formarán parte del material probatorio.
Los dos hombres fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir con fines de estafa agravado, estafa masiva agravada, acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales agravado. Ninguno aceptó los cargos.
Por decisión de un juez, Ruthber deberá cumplir una medida de seguridad en un centro penitenciario, mientras que Jorman permanecerá bajo arresto domiciliario. Esta última decisión fue apelada por la Fiscalía, que pretende que también sea enviado a prisión mientras avanza el proceso judicial.
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