Una fuerte tensión institucional se desató este jueves 15 de enero, luego de que al menos 17 gobernadores anunciaran que no aplicarán varios apartados del decreto de emergencia económica emitido por el Gobierno Nacional, que encabeza el presidente Gustavo Petro.
La decisión abre una nueva batalla entre la Nación y las regiones por la gestión fiscal y la autonomía territorial.
El desacuerdo se centra en el Decreto Legislativo 1474 de 2025, mediante el cual el Ejecutivo introdujo ajustes tributarios durante el estado de emergencia, incluidos aumentos en el impuesto al consumo de licores, cigarrillos y otros productos.
Para varios dirigentes departamentales, estas medidas afectan directamente las finanzas regionales y transfieren recursos que tradicionalmente han sido de gestión territorial al nivel central.
Uno de los primeros en fijar una postura fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien anunció que su administración recurrirá a la figura de la excepción de inconstitucionalidad para no aplicar los artículos que considera contrarios a la Constitución.
Según explicó el gobernador de Antioquia, el decreto viola la autonomía fiscal de los departamentos y pone en riesgo el financiamiento de sectores claves como salud, educación y deporte.
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Esta posición no es aislada. Al menos 17 gobernadores, reunidos bajo la coordinación de la Federación Nacional de Departamentos, acordaron una estrategia conjunta mientras la Corte Constitucional avanza en el control automático de constitucionalidad del decreto.
Las regiones insisten en que el impuesto al consumo es una renta transferida que no forma parte del Presupuesto General de la Nación.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, advirtió que el aumento de estos impuestos podría incentivar el contrabando y reducir la recaudación real, afectando directamente los programas sociales financiados con estos recursos.
Desde el Gobierno Nacional, la respuesta no se hizo esperar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la decisión como un “mal precedente institucional” y advirtió sobre posibles consecuencias jurídicas para dirigentes que desconozcan una norma con fuerza de ley.
Mientras tanto, los departamentos reiteraron que sus acciones cumplen con los límites constitucionales y que la última palabra la tendrá la Corte Constitucional.
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