Una investigación de la Fiscalía dejó al descubierto un entramado de presuntas anomalías en la contratación pública de la capital antioqueña
Un total de cinco personas, entre exfuncionarios de la administración distrital y un contratista, fueron formalmente acusadas por su presunta participación en irregularidades dentro de un convenio interadministrativo que superó los 16.000 millones de pesos, enfocado en el mejoramiento de corredores viales para el transporte público.
El ente investigador determinó que el proceso contractual se llevó a cabo entre el 28 y el 29 de junio de 2023. Las obras proyectadas abarcaban intervenciones en la comuna 10 (La Candelaria), así como en sectores estratégicos como Manrique, Aranjuez, Belén, Villa Hermosa y Guayabal. Estas labores contemplaban demoliciones, movimientos de tierra, construcción de andenes, adecuación de bahías y mantenimiento de pavimentos.
Los implicados y sus presuntos roles
Ante las evidencias recopiladas por un fiscal de la seccional Medellín, los procesados que deberán responder ante la justicia son:
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Juan Carlos Torres Ojeda: Exsecretario de Movilidad, señalado de celebrar el acuerdo a pesar de conocer las aparentes anomalías. Enfrentará cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
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Mauricio Alonso Zuleta Estrada: Exsubsecretario técnico, implicado en intervenir en el trámite sin constatar los requisitos legales esenciales.
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Estefanya Cuervo Sánchez: Exsubsecretaria jurídica, presunta responsable de avalar la viabilidad legal del proceso.
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Rubén Darío López Giraldo: Exdirector técnico de la Secretaría de Infraestructura, acusado de certificar requerimientos que presuntamente no se cumplían.
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Santiago Ortega Mateos: Contratista vinculado al Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), señalado de validar aspectos técnicos sin sustento real.
Fallas de competencia y presuntas omisiones legales
El material probatorio expuesto por la Fiscalía señala múltiples irregularidades desde la génesis del convenio. En primer lugar, la Secretaría de Movilidad asumió la contratación de obras civiles a pesar de carecer de competencia para ello, ya que sus funciones legales se limitan a la señalización y la semaforización. Dicha ejecución correspondía por competencia a la Secretaría de Infraestructura Física.
Asimismo, los investigadores detectaron vacíos profundos en los estudios previos y en el análisis del sector, destacándose la falta de justificación clara sobre el presupuesto oficial. De igual forma, las pesquisas confirmaron que el millonario proyecto se adjudicó de forma directa en plena vigencia de la Ley de Garantías, omitiendo que la alta cuantía exigía obligatoriamente una licitación pública abierta.