La Fiscalía General de la Nación procesó a tres personas por su presunta participación en irregularidades detectadas en un contrato de mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional, cuyo valor ascendió a aproximadamente 32 millones de dólares.
Los imputados son Hugo Mora, exsecretario general del Ministerio de Defensa; Diego Manrique, exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del mismo ministerio; y el coronel Julián Rincón, adscrito a la Brigada de Aviación N° 32 del Ejército Nacional.
Según la investigación, dirigida por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, el coronel Rincón había avalado irregularmente prórrogas para la presentación de cotizaciones, participó indebidamente en la etapa precontractual y certificó sin sustento la experiencia de la empresa Vertol Systems Company, la cual había sido descartada por el comité evaluador. También se le acusa de modificar los estudios financieros y aprobar condiciones que impedían verificar la verdadera capacidad económica del contratista.
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Por su parte, Manrique habría intervenido en la elaboración y evaluación del estudio económico previo, cambiando requisitos financieros clave que permitieron aprobar una propuesta sin establecer indicadores como liquidez, rentabilidad y capacidad organizativa, exigidos por la normativa vigente.
Mientras tanto, Mora, a pesar de conocer las irregularidades y el incumplimiento de los requisitos legales, habría firmado el contrato No. 012 de 2024 el 31 de diciembre de 2024 y autorizado un anticipo del 50% del valor total, equivalente a más de 16 millones de dólares, desembolsado el 15 de abril de 2025 a una cuenta del contratista en Estados Unidos, aun cuando el contrato no pudo ejecutarse por incumplimiento del proveedor.
De los 32 millones de dólares del contrato sólo se ejecutaron actividades por unos 2,6 millones, y hasta la fecha no se ha recuperado el saldo restante, más de 13 millones de dólares.
La Fiscalía imputó a los tres investigados, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricación por acción, abuso de cargo público, fraude procesal y malversación por apropiación, cargos que no fueron aceptados.