La Fiscalía investiga 12 presuntos casos de reclutamiento infantil por parte de combos en las comunas de Castilla, Robledo y Altavista de Medellín, según confirmó la Subsecretaría de Derechos Humanos de la ciudad.
Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos, explicó que esos casos se denunciaron por padres de familia en el transcurso de 2017 y que la cifra podría ser mucho mayor, debido a que hay un subregistro porque los padres temen denunciar y prefieren desplazarse de sus territorios.
“Se buscan fortalecer las instigaciones para recoger más pruebas y reducir laimpunidad porque los cabecillas se capturan y no les imputan esos cargos de reclutamiento, por falta de pruebas”, advirtió.
El funcionario dijo que un grupo de abogados de la administración hará seguimiento a los desplazamientos intraurbanos, para determinar cuándo las familias salen de sus barrios por temor a que sus hijos sean vinculados a estas estructuras delincuenciales. “Se recoge la declaración de desplazamiento pero no la causa de este delito. Por eso, con la Fiscalía, estamos haciendo un plan de trabajo para que haya confianza en denunciar”, añadió.
Arcila agregó que históricamente, los grupos armados han utilizado a los niños para que transporten armas y drogas, cobren extorsiones y lleven mensajes de amenazas.
Se recoge la declaración de desplazamiento pero no la causa de este delito. Por eso, con la Fiscalía, estamos haciendo un plan de trabajo para que haya confianza en denuncia
De los 550.000 niños que tiene la ciudad, 55.000 estarían en riesgo de vulneración de derechos humanos por parte de grupos ilegales, según análisis del Ministerio Público. Sin embargo, la Alcaldía solo alcanza a atender el 1 por ciento.
Las denuncias se recogieron gracias a la nueva Mesa Municipal de Prevención contra el Reclutamiento, Vinculación, Uso, Utilización y Violencia Sexual de menores de edad por parte de grupos armados.
Arcila explicó que la Mesa tiene la misión de atender a las víctimas y de ayudar a reducir la impunidad. Asimismo, coordinar y orientar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos, planes, programas, estrategias y políticas públicas de prevención.
La figura de trabajo, agregó Arcila, hará énfasis en el monitoreo y atención en las zonas de la ciudad con más denuncias de reclutamiento y abuso sexual. Se trata de las comunas Popular, Santa Cruz, San Javier, Manrique y Belén, donde habrá más ofertas institucionales.
Fuente: EL Tiempo