La justicia colombiana dio un giro decisivo este lunes 9 de febrero al archivar formalmente la audiencia de formulación de cargos contra Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol.
El alto funcionario, que fungió como gerente de la campaña de “Petro Presidente” en 2022, es el primer gran involucrado en responder penalmente al escándalo de presunta violación de límites electorales que rodea al Ejecutivo desde hace años.
La decisión, tomada por la Dirección Anticorrupción de la Fiscalía General de la República, marca un hito en las investigaciones sobre la transparencia de los recursos que llevaron al actual presidente a la Casa de Nariño.
Según fuentes del organismo acusador, la responsabilidad de Ricardo Roa radica en su papel de máximo organizador del gasto durante la contienda electoral. Al parecer, el directivo no había mantenido un control estricto de los documentos contables de la campaña, permitiendo que se superaran los límites financieros permitidos por la ley.
Esta investigación se suma a las que ya están en marcha contra otros altos perfiles, como el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien también permanece bajo escrutinio por el manejo de las cuentas electorales en distintas regiones del país.
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Sin embargo, los problemas judiciales para el presidente de la petrolera estatal no terminan ahí. La Fiscalía también presentará cargos relacionados con la compra de un lujoso departamento en Bogotá.
Según las investigaciones, Roa habría adquirido el inmueble bajo un acuerdo irregular que buscaba favorecer al coronel retirado de la Policía, Juan Guillermo Mancera, con acuerdos millonarios al interior de Ecopetrol una vez que Roa asumió la presidencia de la empresa. Este capítulo de presunto tráfico de influencias y corrupción privada fue destapado tras un riguroso seguimiento de los movimientos financieros de Mancera.
Pese a la gravedad de los delitos que se le imputarán por su gestión de campaña y sus negocios personales, fuentes cercanas al proceso confirmaron que, por el momento, no se solicitará medida de seguridad privativa de libertad contra el directivo.
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