La Fiscalía General de la República asestó un importante golpe contra la corrupción y el lavado de dinero al desmantelar una red que, durante casi una década, creaba empresas papeleras para simular operaciones comerciales millonarias. Esta estructura ilegítima habría causado importantes daños al Estado, generando pérdidas fiscales por más de 843.000 millones de pesos.
La investigación, liderada por la Dirección Especializada contra Delitos Fiscales, permitió identificar a seis personas como los presuntos responsables de constituir 185 empresas ficticias. Estas empresas no contaban con recursos, personal ni infraestructura real para operar, pero fueron utilizadas por otras empresas para evadir el impuesto a las ventas y reducir ilegalmente la base imponible, provocando una pérdida estimada en más de 155.000 millones de pesos al Estado.
Entre los capturados se encuentran Jairo Bernal, Jaime Sánchez, Nidia Pineda, Fany Rodríguez, Edgardo Lozano y Jeik Yepes. Cada uno habría desempeñado un papel clave, desde coordinar la creación y administración de estas empresas fachada hasta gestionar recursos ilícitos y representar legalmente a las empresas falsas.
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El modus operandi de esta red se desarrolló entre 2012 y 2022, período en el que simularon millones de pesos en transacciones que nunca existieron. Gracias al trabajo conjunto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la utilización del Modelo Único de Investigación Financiera (MUIF), la Fiscalía estableció un volumen total de operaciones ficticias por más de 843 mil millones de pesos. En particular, Jairo Bernal habría administrado y transformado más de 21 mil millones de pesos, moviendo esos recursos para darles apariencia de legalidad.
En un operativo conjunto realizado en Bogotá y Casanare, las autoridades lograron capturar a los seis involucrados y llevarlos ante un juez de control de garantías. Fueron acusados de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito a favor de terceros y lavado de dinero. Cinco de ellos recibirán arresto domiciliario y uno tendrá que cumplir condena en prisión. Además, se suspendió la personería jurídica de 162 empresas relacionadas con esta red, afectando directamente la estructura utilizada para la simulación.