Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió descubrir una presunta estructura de lavado de activos que habría utilizado empresas fachada, operaciones bancarias y criptoactivos para darle apariencia legal a cerca de $2,3 billones provenientes, según las autoridades, de actividades relacionadas con el narcotráfico.
La operación habría funcionado entre 2018 y 2026 mediante un entramado compuesto por nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio. Las compañías estaban registradas en sectores como ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros.
Sin embargo, los investigadores encontraron indicios de que varias de estas empresas no contaban con la infraestructura ni la capacidad operativa necesarias para justificar los movimientos económicos registrados.
Uno de los elementos que llamó especialmente la atención de las autoridades fueron las operaciones realizadas con criptoactivos. De acuerdo con la Fiscalía, se detectaron transferencias de grandes cantidades de USDT con empresas relacionadas con organizaciones narcotraficantes sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac).
La hipótesis de los investigadores es que los recursos eran movilizados a través de plataformas y transacciones digitales para posteriormente ser retirados y convertidos en dinero en efectivo.
Con esos recursos se habrían adquirido bienes de alto valor, entre ellos viviendas, fincas, apartamentos y vehículos de alta gama, además de realizarse inversiones y movimientos destinados a ocultar el origen del dinero.
Bienes por más de 10 millones de dólares
La investigación también derivó en actuaciones de la Dirección de Extinción de Dominio. Las autoridades impusieron medidas cautelares sobre 36 bienes ubicados principalmente en Medellín y Envigado.
Entre los activos afectados se encuentran cuatro inmuebles, 19 vehículos, nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio.
El valor de estos bienes fue estimado en más de 10,2 millones de dólares y, de acuerdo con el proceso, quedarán bajo administración del Estado mientras avanza el procedimiento de extinción del derecho de dominio.
La Fiscalía señaló que los investigadores encontraron inconsistencias en los estados financieros y operaciones internacionales entre compañías que estarían relacionadas entre sí.
Señalados como responsables
Dentro de la investigación aparece Hugo Daniel Giraldo Santamaría, identificado por la Fiscalía como presunto cabecilla y articulador de las actividades de monetización, compensación y distribución de los recursos.
También figura Carolina María Giraldo, esposa de Giraldo Santamaría, quien estaría vinculada, según la investigación, al manejo de grandes cantidades de dinero y a la estructura societaria utilizada para las operaciones.
Las autoridades continúan con las actuaciones judiciales para determinar las responsabilidades individuales y establecer el alcance total de la organización investigada.