La oficina del Fiscal General ha decidido archivar la investigación criminal que se siguió contra Guillermo Alfonso Jaramillo por presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña al histórico Congreso del Pacto en 2022.
La decisión se tomó después de una revisión de varios meses centrada en el uso de aviones privados.
La investigación se originó en octubre de 2023 después de una queja presentada por el congresista Hernán Cadavid. La acusación indicó que Jaramillo, como gerente de la campaña del Congreso, habría facilitado la transferencia de candidatos en los aviones de la compañía Air Sociedad de Ibagué (Sadi Sas), cuyo propietario, Carlos Eduardo Restepo Osorio, había aceptado cargos por tráfico de drogas en los Estados Unidos.
Después de analizar documentos, escuchar testimonios y cruzar información, la oficina del fiscal determinó que «no se encontró la comisión de ningún delito».
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La oficina del fiscal delegado Marlene Orjuela concluyó que la evidencia recopilada no demostró la consumación de actos ilícitos por Jaramillo o se estableció un vínculo directo que la comprometió penalmente a la gestión de recursos ilícitos.
A pesar de la oficina del fiscal, el caso continúa bajo observación debido a los nuevos elementos analizados por la Corte Suprema de Justicia.
La Cámara de Instrucción del Tribunal Superior está evaluando de forma independiente las posibles alteraciones en los informes de gastos de campaña, un hecho diferente que ha motivado a la oficina del fiscal para una nueva investigación.
La Corte Suprema argumenta que hay indicios de que Jaramillo y Ricardo ROA (entonces gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro) habrían presentado como gastos de la campaña para el Congreso algunos costos que, en realidad, financiaron actividades de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Según el tribunal, el servicio de transporte aéreo contratado por la campaña del Senado «se utilizó realmente para cumplir con un requisito y proporcionar un servicio a la campaña simultánea del entonces candidato Gustavo Petro Urrego». El tribunal argumenta que esta supuesta presentación de información falsa tendría un error al Consejo Electoral Nacional (CNE) al momento de reconocer el reemplazo de los gastos de campaña.
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