La Fiscalía General de la República asestó un golpe decisivo a la impunidad en el sector salud al acusar formalmente a José Fernando Cardona Uribe, expresidente de la Nueva EPS, y a tres de sus antiguos colaboradores más cercanos.
Según el organismo acusador, los exdirectivos lideraron una red criminal entre 2019 y 2022 para ocultar la quiebra de la entidad a través de informes financieros adulterados.
Esta maniobra habría permitido reportar ganancias inexistentes por más de $70.000 millones de pesos, engañando a la Junta Directiva y a la Superintendencia de Salud para evitar intervenciones y asegurar la renovación de su licencia de funcionamiento.
La investigación, liderada por la Dirección Especializada Anticorrupción, reveló que el equipo financiero dejó de procesar cerca de $14 millones en facturas por servicios prestados por diversas IPS, ocultando deudas astronómicas.
Al presentar estos estados financieros adulterados, el gobierno de Cardona Uribe mostró una irreal solidez económica que no se correspondía con las pérdidas millonarias que registraban las EPS año tras año.
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Por estos hechos, los imputados deberán responder judicialmente por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión de control de recursos sanitarios; Además, Cardona enfrenta cargos de malversación de fondos por apropiación.
El juicio oral, que promete revelar más detalles sobre cómo se “maquillaron” las cuentas para ocultar el vacío tributario, está previsto que comience con la audiencia preparatoria el 23 de febrero de 2026.
Los peritos contables del CTI presentarán como prueba suprema la inspección de más de 3,4 millones de facturas que fueron archivadas para simular solvencia.
De ser declarados culpables, los exfuncionarios podrían enfrentar penas ejemplares por comprometer la estabilidad del Sistema Nacional de Salud y poner en riesgo la vida de miles de colombianos.
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