Un escándalo que mezcla vallenato en vivo, licor, refrigeradores, consolas de videojuegos y lavadoras sacudió el sistema penitenciario colombiano en abril de 2026 y puso la política de Paz Total del Gobierno de Petro en el centro del debate nacional.
El detonante fue la difusión de videos de una celebración privada organizada por líderes de estructuras criminales al interior del penal de Itagüí, donde varios de estos individuos participan como voceros de la mesa de diálogo de paz urbana.
Según las denuncias, el evento habría incluido un concierto del cantante Nelson Velásquez con un costo estimado de 500 millones de pesos.
Una inspección sorpresa del INPEC luego de conocerse el escándalo encontró en los patios del penal de Itagüí elementos completamente ajenos a un centro penitenciario: refrigeradores, módems WiFi, lavadoras, estufas y consolas de videojuegos.
El hallazgo provocó la destitución de 11 funcionarios penitenciarios por supuestas fallas en los protocolos de seguridad y posible corrupción interna.
El Gobierno Nacional, por su parte, suspendió temporalmente la mesa de diálogo con las estructuras criminales del Valle de Aburrá, incluidas La Terraza y Pachelly, hasta que se esclarezcan responsabilidades.
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Sin embargo, para el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la fiesta no es un hecho aislado ni un simple error administrativo: es la expresión más visible de lo que considera una política de complacencia deliberada con el crimen organizado.
“Lo único que vemos es cómo se produce un pago de favores del gobierno nacional a las peores estructuras criminales” afirmó el presidente.
Gutiérrez también apuntó contra lo que calificó como el uso de canales oficiales del gobierno para dar voz pública a miembros de estas organizaciones.
«Se convirtieron en portavoces de las peores estructuras criminales. Entregaron el país», afirmó, y advirtió que esa permisividad explica el crecimiento que han registrado en los últimos años grupos como la disidencia, el ELN y el Clan del Golfo. “Crecieron con la complacencia del gobierno nacional”indicó.
El escándalo del partido se suma a la ya candente polémica por la suspensión de órdenes de aprehensión contra 23 dirigentes del Valle de Aburrá, decisión que la Fiscalía tuvo que revertir parcialmente.
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