La Corte Suprema de Justicia de Colombia dio luz verde a la extradición de Gonzalo de Jesús, un joven de 22 años nacido en Santa Marta, buscado por las autoridades lituanas bajo graves cargos de terrorismo y espionaje.
Gonzalo está acusado de pertenecer a una red criminal internacional que, bajo la coordinación de los servicios de inteligencia de la Federación Rusa, llevó a cabo operaciones de sabotaje y recopilación de información en territorio europeo para desestabilizar a los países que apoyan a Ucrania en la guerra.
La captura del joven se produjo en Barranquilla en julio de 2025, luego de que se emitiera una notificación roja de Interpol en su contra.
Según el complejo expediente judicial, el trabajo del colombiano consistió en infiltrarse en Lituania para espiar a la empresa UAB TVC Solutions, firma clave que proporciona drones y estaciones móviles de análisis para el ejército ucraniano.
Las autoridades lituanas documentaron que el colombiano ingresó al país de manera conspirativa desde la región rusa de Kaliningrado en septiembre de 2024, utilizando fachadas para ocultar su verdadero propósito. Una vez en Vilna, el joven habría tomado fotografías y vídeos detallados de las infraestructuras y equipamientos de la empresa, enviando la información en tiempo real a sus contactos rusos a través de aplicaciones como Telegram y WhatsApp.
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La investigación no sólo lo vincula con él, sino que revela una red que incluye a otros ciudadanos colombianos y cubanos que operaban desde ciudades como San Petersburgo y Barcelona.
Según las pruebas recogidas, el grupo no sólo pretendía espiar, sino que también planeaba ataques terroristas directos, como la quema de estaciones móviles valoradas en más de 1,5 millones de euros, para intimidar a la población europea y detener el apoyo militar a Ucrania. El expediente incluso detalla pagos y logística de viajes financiados por agentes rusos para llevar a cabo estos actos criminales en suelo lituano.
Tras revisar minuciosamente la documentación y comprobar la identidad del imputado, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo concluyó que se cumplen todos los requisitos legales para proceder a su entrega.
Ahora, el futuro del joven está en manos del presidente Gustavo Petro, quien deberá firmar la resolución final para que el Samario sea trasladado a territorio lituano.
Allí afrontará un juicio por tres graves delitos dolosos que podrían dejarle tras las rejas en Europa durante mucho tiempo.
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