La Fiscalía General de la República inició este lunes 1 de diciembre la imputación de cargos contra los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), revelando una acusación contundente: la existencia de un “pacto criminal” entre ambos exfuncionarios para manipular decisiones en el Congreso y contratos directos de entidades del Estado.
El organismo acusador aseguró que el objetivo de este pacto criminal era asegurar mayorías legislativas a favor del Ejecutivo, a través de prácticas corruptas.
Los exministros fueron acusados de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la ejecución de contratos y cohecho por dar y ofrecer. Sin embargo, al inicio de la audiencia ambos se declararon inocentes y rechazaron los cargos, insistiendo en que no participaron en ningún acuerdo ilegal.
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Durante la audiencia, el fiscal del caso entregó detalles del material probatorio que vincula a los exfuncionarios con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según la acusación, Bonilla y Velasco habrían pactado entre ellos y con terceros ofrecer gestión de contratos, convenios y proyectos del Estado, a cambio de que congresistas asistieran y votaran a favor de iniciativas del Gobierno nacional.
El ente investigador también señaló que los exministros operaban como determinantes dentro de la red de corrupción revelada en la UNGRD, entidad desde la que se gestionaban proyectos para asegurar el apoyo político en el Legislativo.
Tras la acusación, y ante la negativa de los exministros a aceptar los cargos, la Fiscalía anunció que solicitará medida de seguridad en prisión para ambos, argumentando que representan un riesgo para la sociedad y para el avance del proceso judicial.
El caso continúa desarrollándose y podría escalar aún más en el panorama político nacional, dado que involucra a dos figuras claves del gabinete del presidente Gustavo Petro.
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