Por solicitud expresa de asociaciones de víctimas y tras ocho años de funcionamiento
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó citar a declarar a la excongresista y exintegrante de las extintas Farc, Sandra Ramírez (conocida en el grupo armado como Griselda Lobo). La exguerrillera y expareja del máximo cabecilla Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, deberá responder dentro del macrocaso 07, encargado de investigar el reclutamiento y utilización de menores de edad en el conflicto.
La decisión fue adoptada tras una ponencia de la magistrada Lily Rueda, respaldada por las togadas Julieta Lemaitre y Belkis Izquierdo, atendiendo los reiterativos llamados de organizaciones como la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (Fevcol).
Los testimonios de las víctimas han puesto el foco en el rol y el poder de facto que ostentaba Ramírez dentro de la estructura subversiva. Entre los relatos incorporados se destaca el de Deisy Guanaro, quien en julio pasado narró ante los micrófonos de La FM que, a sus doce años, fue forzada por la entonces comandante a usar ropa interior de adultos y a desfilar semidesnuda frente a mandos guerrilleros en estado de embriaguez, contexto en el cual ella y otras menores sufrieron abusos.
Hasta el momento, la JEP no ha catalogado a Sandra Ramírez como máxima responsable dentro de este macrocaso —imputación que en octubre de 2024 recayó sobre antiguos líderes como Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo y Julián Gallo, además de veinte excomandantes regionales señalados meses después—. Sin embargo, el tribunal de paz enfatizó en un comunicado que resulta indispensable contrastar la información sobre su trayectoria, funciones y su eventual capacidad de influencia en las violencias intrafilas.
De acuerdo con registros de la justicia transicional, las Farc reclutaron de forma forzada al menos a 18.677 niñas, niños y adolescentes entre 1996 y 2016. La magistratura notificará oficialmente la decisión a más tardar el 21 de septiembre, fecha en la cual fijará la modalidad (virtual o presencial) y la fecha de la diligencia, abriendo el espacio para que las víctimas acreditadas presenten sus observaciones.
Por su parte, aunque en marzo pasado Ramírez manifestó públicamente que asistiría con agrado si el tribunal la requería, hasta el momento ni ella ni los firmantes de paz se han pronunciado de manera oficial sobre este llamado judicial.