“Desde 2007, cuando estaba en cuarto de primaria, mi mamá madrugaba a hacer los reclamos para nuestra nueva casa. Actualmente soy tecnólogo, ¿y la casa dónde está? Ahora soy yo el que está al frente del reclamo porque nadie nos responde. Solo queremos claridad, que alguien nos diga si nos la van a entregar o no”.
Con voz quebrada, Aldair Peñate contó ante el Concejo de Medellín el drama que vive actualmente por culpa de las estafas inmobiliarias.
La de Aldair forma parte de las 20.000 familias víctimas de las estafas inmobiliarias que se han registrado en la ciudad en los últimos 10 años, según el concejal Bernardo Alejandro Guerra, quien citó al debate.
“Son más de 50.000 personas en la ciudad que si las citamos a todas, llenamos el estadio Atanasio Girardot. Más grave aún, hay funcionarios y exfuncionarios de la alcaldía vinculados en lo que llamo el ‘cartel del adobe’, que no respeta estratos”, expresó Guerra.
Uno de los seis denunciados por el concejal es el inspector urbanístico José Arley Cuesta, “socio del proyecto Torres del Este, tal como aparece registrado en un contrato de cuentas de participación suscrito el 19 de mayo del año 2011 y es corresponsable de la afectación a 260 familias desplazadas que hoy tienen truncado el sueño de una vivienda digna”.
El personero de Medellín, @gmoduranuribe presenta informe en la sesión del @ConcejoMedellin sobre Estafas inmobiliarias, el cual esta Agencia del Ministerio Público adelanta 6 investigaciones disciplinarias con servidores del @Isvimed. #DondeTodosContamos pic.twitter.com/B3hugltrJw
— Personería Distrital de Medellín (@personeriamed) April 18, 2018
Asimismo, Aldair y su familia forman parte de esas familias afectadas, en las que está involucrada la familia Chica Gutiérrez, vinculada a otras denuncias de estafa inmobiliaria.
Manuela García Gil, directora del Instituto de Vivienda de Medellín (Isvimed), aclaró que la entidad no suscribe convenios con Organizaciones Populares de Vivienda (OPV), sino que asigna subsidios a familias beneficiarias que cumplen con los requisitos del Decreto 2339, por el cual se reglamenta la administración, postulación y asignación del subsidio municipal de vivienda.
En este proyecto, informaron que el avance de obra es de 42 por ciento mientras que el desembolso de recursos es del 67. “Isvimed no desembolsará más subsidios hasta que el avance de obra se equipare a los recursos que hemos desembolsado”, expresó la directora.
Isvimed no desembolsará más subsidios hasta que el avance de obra se equipare a los recursos que hemos desembolsado
Por su parte, Darío Bonilla, subcontralor de Medellín, informó que en la auditoría hecha al proyecto encontraron un hallazgo administrativo por incumplimiento de obligaciones contractuales. “Se les pidió un plan de mejoramiento y tienen plazo hasta el 30 de junio de este año para cumplir dicho plan”, dijo el funcionario.
En el debate también participaron voceros de la Fiscalía, quienes indicaron que no se conocen noticias criminales de los proyectos Villa Fico y Torres del Este.
“Esto no significa que no haya denuncias. Se han identificado varios inconvenientes por incumplimientos de la familia Chica Gutiérrez en proyectos inmobiliarios, como que ninguno ha culminado, ninguno se ha entregado, y no son unas pocas víctimas, sino la totalidad del proyecto”, indicó la fiscal Adriana Santamaría.
De Acuerdo: la estafa inmobiliaria sigue viva en Medellín https://t.co/CH1ZkO8Y7h
— Bernardo Alejandro (@BernardoAGuerra) April 23, 2018
Tras el debate, el concejal Guerra propuso la creación de una mesa interinstitucional que haga frente a la estafa en masa. En esta, deberán estar las secretarías de Seguridad, Gobierno, Gestión y Control Territorial, Hacienda, la dirección de Planeación, la fiscalía, la personería, la contraloría, la Procuraduría General de la Nación y Camacol.
El director de Camacol Antioquia, Eduardo Loaiza, explicó que la entidad está desarrollando mecanismos de información, casi en tiempo real, en el que tienen censados todas las obras y proyectos públicos y privados que están comenzando trabajos en la ciudad, su área metropolitana y el departamento.
“Nos comprometemos a compartir esa información con el municipio para que verifiquen si cuentan con permisos, licencias y autorizaciones. También a entregar indicadores que generan alertas. Por ejemplo, el suelo pesa aproximadamente entre el 8 y el 15 por ciento de la estructura de costos e ingresos del proyecto. Es muy raro que en proyectos aparezcan con una estructura de costos en los que el lote pesando el 2 por ciento”, expresó Loaiza.
Versiones encontradas por proyecto Villa Fico
Un álgido momento se vivió en pleno debate entre el concejal Bernardo Alejandro Guerra y Daniel Mosquera, representante legal del cuestionado proyecto de vivienda Villa Fico, que beneficiaría a casi 500 familias que antes estaban en una zona de invasión llamada Villa Café y que fueron desalojados.
“No es como ustedes dicen que el proyecto no es viable. No le hemos quitado un peso a nadie ni se ha recibido un peso porque todas las familias han consignado en una fiducia y el lote lo tenemos pisado con una plata prestada que conseguimos. El concejal Guerra nos trata de delincuentes pero más delincuente es él”, espetó Mosquera.
Acalorado debate en @ConcejoMedellin, @BernardoAGuerra le habría dicho bandido a Daniel Mosquera, lider de construcción de proyecto Villa Fico y Villa Café. Mosquera le dijo "mas bandido es usted". Casi se van a los golpes. Aquí el video: pic.twitter.com/WdQoaw7rUB
— Despierta Antioquia (@DespiertaAnt) April 19, 2018
Tras increpar a Mosquera, el corporado Guerra aseguró tener documentación “que prueba que esa organización le exigió a una persona 10 millones de pesos para entrar en el proyecto. Ya se dejó la constancia de la Fiscalía General”.
Refutó Mosquera pidiendo que la Fiscalía, y cualquier ente de control, se acerque al lote. “Que nos hagan la auditoría, solo nos falta el estudio estructural, ¡vamos! ¡Vamos! cuando quieran”, retó.
Por su parte, Lina Calle, vocera de la secretaría de Seguridad y Control Territorial, expresó que Villa Fico 1 y 2 están gestionados por dos OPV, que inicialmente darían posibilidades a 489 familias.
“En el Isvimed no se ha radicado formalmente este proyecto y no estamos vinculados de ninguna manera con ellos y no hemos entregado ningún subsidio. Utilizan logos y marcas de la alcaldía de Medellín, sin previa autorización, induciendo al error a los usuarios para captar dinero”, contó la funcionaria.
Añadió, que tampoco cuentan con licencia urbanística, lo que es fundamental para ese tipo de proyectos, además los lotes presentaban gravámenes, los cuales deberían estar saneados para obtener el permiso de captación.
Fuente: El Tiempo
