Minuto30.com .- Luego de siete días de absoluto terror y parálisis, la Defensoría del Pueblo confirmó que el ELN levantó oficialmente el paro armado en la subregión del Bajo Baudó, Chocó. La medida, iniciada el 16 de marzo, mantuvo en confinamiento forzoso a más de seis mil personas pertenecientes a 26 comunidades indígenas y afrodescendientes.
Un territorio bajo fuego: confinamiento y escasez
Durante una semana, el grupo guerrillero prohibió la movilidad fluvial, el acceso a bienes de primera necesidad y el desarrollo de cualquier actividad diaria. El impacto humanitario es grave:
Escasez: Las comunidades reportan falta de alimentos y medicinas después de días sin acceso a suministros.
Educación suspendida: Cientos de niños y niñas vieron interrumpido su calendario escolar por el riesgo de quedar atrapados en medio de las hostilidades.
miedo persistente: Aunque cesó la restricción de movilidad, la Defensoría del Pueblo advierte que continúa el temor por los constantes enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo por el control de las rutas del narcotráfico.
El fuerte llamado del Defensor del Pueblo: “El territorio no les pertenece”
A través de un contundente comunicado, la Defensoría del Pueblo instó al grupo armado a respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y dejar de utilizar a la población civil como escudo o moneda de cambio en su guerra territorial.
«Reiteramos nuestro llamado al ELN a detener esta práctica… El territorio no les pertenece: pertenece a las comunidades étnicas, cuya autonomía debe ser respetada», dijo la organización, denunciando también la estigmatización que el grupo armado ejerce contra las autoridades locales.
¿Qué sigue para el Bajo Baudó?
A pesar del anuncio, la situación en el Chocó sigue siendo crítica. Las autoridades departamentales y nacionales enfrentan ahora el desafío de llevar ayuda humanitaria de emergencia a las zonas más remotas de Baudó para mitigar las consecuencias del confinamiento.
La presencia de la Fuerza Pública es solicitada por líderes comunitarios para garantizar que el flujo de bienes y servicios no sea nuevamente interrumpido por acciones delictivas.