El marco legal de la Constituyente
La Constitución de 1991 establece un camino claro para reformar el texto fundamental mediante una Asamblea Nacional Constituyente: primero, el Congreso debe aprobar la ley de convocatoria; segundo, la ciudadanía decide en plebiscito si respalda la iniciativa; y tercero, se eligen los delegados que redactarán la nueva Carta. En condiciones normales, este proceso suele demandar alrededor de dos años, tiempo en el que el mandato presidencial de Gustavo Petro expiraría en agosto de 2026.
El plan de Montealegre: la iniciativa popular como atajo
Eduardo Montealegre, recién nombrado ministro de Justicia, reveló su verdadera misión en una reciente entrevista: “Con las 8 millones de firmas exigidas para iniciativa popular, saltamos todo el trámite en el Congreso. Ese proyecto no necesita pasar por las cámaras, va directo a la Corte Constitucional para convocar la Constituyente.” Esta estrategia —bautizada por críticos como el “peladero jurídico definitivo”— pretende concentrar las decisiones en el Ejecutivo y en una sola instancia judicial, sin debate parlamentario.
Tiempo contra reloj: un mandato en riesgo
Frente al reloj que marca el fin de la administración Petro, la vía convencional se vuelve impracticable. Con solo 13 meses disponibles, el Gobierno apueste por un atajo exprés: recoger las rúbricas necesarias en tiempo récord y emitir un decreto que la Corte deberá validar o tumbar. Si la Corte cae en el pulso, autoriza la Constituyente ¡sin pasar por el Congreso!
Choque inevitable con la Corte Constitucional
Al presentar el decreto de convocatoria, Montealegre desatará una batalla judicial de alto voltaje. Lo más probable es que la Corte suspenda el acto por inconstitucional, pero la contraofensiva consistiría en volver a insistir e incluso demandar al Congreso por omisión legislativa. Así, la sociedad quedaría atrapada en un forcejeo entre el Ejecutivo y la jurisdicción.
Peligros para el equilibrio de poderes
Este atajo vulnera la separación de poderes, diluye el control parlamentario y coloca la democracia en una encrucijada. Al burlar el Congreso y someter el destino institucional a la Corte, se redefine el juego político en función de una sola decisión: la de nueve magistrados, entre ellos tres nombramientos recientes con perfil progresista.
La respuesta ciudadana y parlamentaria
Para blindar la Constitución, los partidos de oposición y la sociedad civil tendrán que ejercer presión política, presentar demandas de inconstitucionalidad y tutelas de acceso a la participación. Solo un gran consenso social y jurídico podrá detener esta jugada maestra antes de que se concrete el asalto al equilibrio democrático.