Este 15 de noviembre, se cumplen dos años desde que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios interviniera la compañía Electricaribe para resolver la crisis financiera que atravesaba la empresa y evitar el riesgo de limitar el suministro de energía.
Hasta su intervención, la empresa acumulaba deudas por 2,5 billones de pesos a las entidades bancarias y proveedores de energía. Hoy, a dos años de esta medida, la compañía tiene un panorama distinto, sin embargo, hace falta un poco de tiempo para que pueda dejar atrás la crisis.
La intención de Superservicios no es sólo lograr la autosostenibilidad empresarial, sino que el servicio pueda mejorar en su calidad, lo que se traduce finalmente en la satisfacción del usuario. Para ello, se deberán realizar inversiones a la infraestructura por encima de los 7 billones de pesos dentro de los próximos 10 años, lo que significaría una reducción de 113 horas de interrupciones promedio al año por cliente en 18 en zonas urbanas, disminuyendo las pérdidas de energía que representan un porcentaje entre el 23 al 12 %.
Javier Lastra Fuscaldo, agente interventor, ha señalado en varias ocasiones, que durante estos dos años los avances han sido notorios. El principal “logro” ha sido garantizar la continuidad del servicio en la Costa, ya que cuentan con un plan de salvamento estructural del negocio de distribución y comercialización de energía.
Uno de los retos para el agente es que la empresa pueda tener un servicio autosostenible en el mediano y largo plazo, que han podido lograr en un porcentaje importante.
Aunque ha sido un camino empinado, con la realidad latente de una “limitación del suministro”, Lastra ve la situación con optimismo, porque “el gobierno nacional, con la Superintendencia de Servicios al frente, ha estado gestionando los recursos, inclusos los necesarios para el 2019”, los cuales rondan los 860 mil millones de pesos.
Durante el Taller “Construyendo País” junto al presidente Iván Duque, fueron aprobados cerca de 33 mil millones de pesos para el municipio de Malambo, con la intención de reducir las horas de interrupción del servicio que afecta además de la comunidad al sector industrial, por lo que se estima que en los próximos 3 años, la energía mejore en un 31%.
También se logró poner en marcha la nueva línea Caracolí-Malambo que beneficiará a más de 80 mil clientes del Atlántico, obra ejecutada como parte del Plan 5 Caribe, que permite ofrecer un servicio más confiable a los clientes de municipios ubicados en la banda oriental, centro y zona turística del Atlántico a nivel de alta tensión.
A juicio de Lastra, para poder decirle adiós a la intervención hace falta solucionar el problema latente de infraestructura de Electricaribe, y esto se logra realizando las inversiones necesarias y haciendo que el servicio sea sostenible a lo largo del tiempo.
Las Cifras
Para septiembre de 2018 se han recaudado 3,1 billones de dólares, de los cuales $2,5 billones son destinados para los generadores y transportistas de energía.
En la actualidad, hay entidades del sector oficial que no han cumplido con los pagos, en 7 departamentos, que sólo en el Atlántico la deuda es de 37 mil millones del pesos, lo que ocasiona que la recaudación no se al del 100%.
Otro factor que perjudica no sólo el ingreso de dinero, sino la prestación del servicio, son las conexiones ilegales que se realizan en diferentes zonas, y que se refleja en la diferencia importante de $600 mil millones, que es la cifra real una vez se descuentan las pérdidas de energía y los impagos.
Trabajo y compromiso
Para Lastra, el haber asumido como agente interventor de Electricaribe en el 2016 fue un compromiso que ha venido cumpliendo, en ese sentido, resalta que se han obtenido importantes logros para no dejar desabastecida a la población.
En la actualidad están realizando las labores de mantenimiento de redes en Magdalena, Malambo, Cartagena, Barranquilla y otras zonas.
Es por ello que, es importante que las personas y las entidades del sector oficial puedan cumplir con sus pagos, para garantizar un crecimiento sostenido de compañía eléctrica y que la comunidad también forme parte del proceso, por medio de denuncias oportunas de conexiones ilegales en los municipios.
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