Tres alcaldes de Antioquia fueron señalados como posibles objetivos militares por integrantes de las disidencias asociadas a alias Calarcá, según denunció el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón.
Los mandatarios amenazados son Luis Bernardo Molina Granda, alcalde de Santa Rosa de Osos; Ana Isabel Avendaño Duque, alcaldesa de Carolina del Príncipe, y Luis Guillermo Pérez, alcalde de Gómez Plata.
Los tres municipios están ubicados en el norte y nordeste de Antioquia, zonas donde las autoridades han advertido presencia de estructuras armadas ilegales.
Rendón hizo pública la denuncia y pidió al Gobierno Nacional reforzar las medidas de protección para los funcionarios y demás personas que podrían quedar expuestas a las amenazas.
La situación se conoce después de otros hechos violentos registrados en la zona. El pasado 7 de mayo, una explosión alteró la tranquilidad de los habitantes de Carolina del Príncipe. De acuerdo con las autoridades, el hecho correspondió a un ataque con explosivos contra un establecimiento comercial ubicado en el parque principal.
El gobernador sostuvo que los alcaldes deben contar con el respaldo de toda la institucionalidad para ejercer sus funciones sin presiones de grupos armados.
Antecedentes de violencia
Las autoridades atribuyen a estructuras relacionadas con alias Calarcá varios hechos graves de violencia en Antioquia.
Entre ellos está el ataque contra un helicóptero de la Policía ocurrido en Amalfi el 21 de agosto del año pasado, hecho en el que murieron 13 uniformados.
En algunos municipios, estas organizaciones también han perdido parte del control territorial que ejercían. En Briceño, por ejemplo, fuentes consultadas señalaron que alias Primo Gay habría llegado a acuerdos con el Clan del Golfo y cambiado de estructura.
El hombre, señalado de integrar la cúpula de una organización responsable de hechos violentos contra la población de Briceño, habría perdido parte de su esquema de seguridad y ahora estaría vinculado al grupo que anteriormente era considerado su enemigo.
Las autoridades deberán determinar el alcance de las nuevas amenazas y establecer las medidas de seguridad necesarias para los tres mandatarios y las comunidades de sus municipios.