En un operativo coordinado por la Fiscalía General de la República se logró desmantelar una red criminal que presuntamente cobraba millones de dólares a los ciudadanos por dirigir procesos judiciales, evadiendo medidas cautelares y la ejecución de órdenes de aprehensión. En el operativo fueron capturadas nueve personas, entre funcionarios de la Policía Nacional, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y personas vinculadas a la Sijin y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
La red criminal habría operado durante varios años, con hechos documentados en 2014, 2015, 2024 y 2025, y enfocada en la manipulación de procesos de lavado de dinero. Según las investigaciones, los involucrados exigieron sumas entre 400 y 1.000 millones de pesos a un ciudadano que cumplió condena en Estados Unidos y a sus familiares, con el fin de evitar acciones judiciales en su contra, como medidas de confiscación de dominio de sus bienes o la ejecución de órdenes de aprehensión.
Entre los capturados se encuentran:
• Policía Nacional: Capitán Nelson Pinzón, Subcomisarios Carlos Mendieta y Leonardo Padilla, y Patrullero Michael Laguado.
• CTI: Jimmy Rodríguez y Luis Villalba.
• Exfuncionarios de la Policía y del Inpec: Luis Riveros y Rosember Gil.
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Las investigaciones revelan que los presuntos responsables utilizaron sus cargos para presionar a los afectados, mostrando información confidencial sobre los procesos judiciales y restringiendo a los testigos proporcionar información falsa cuando las víctimas no aceptaban pagar las cantidades solicitadas. Incluso intimidaron a uno de los principales investigadores para obtener detalles sobre las causas que les interesaban y eliminaron pruebas para alterar el curso de las investigaciones.
Los operativos de captura se realizaron en Bogotá, Chiquinquirá (Boyacá), Pereira (Risaralda) y Granada (Meta), bajo la coordinación del Grupo de Trabajo Especial creado por la Fiscalía para atender estos casos de corrupción.
Según las autoridades, los involucrados serán imputados por múltiples delitos, entre ellos: concierto para delinquir, conmoción cerebral, falsificación ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a un sistema informático, amenazas a un servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario.
La Fiscalía destacó que este tipo de investigaciones son fundamentales para garantizar la transparencia y legalidad en los procesos judiciales, así como para proteger a la ciudadanía ante posibles abusos por parte de funcionarios que ocupan cargos de confianza en las instituciones públicas.