El Gobierno Nacional, bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, tomó medidas drásticas ante la devastadora temporada de lluvias que azota al país. Mediante Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026 se oficializó la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
Esta medida, que tendrá una vigencia inicial de 30 días, busca otorgar poderes extraordinarios al Ejecutivo para mitigar un desastre natural que deja ya un trágico saldo de 10 personas muertas y más de 252.000 ciudadanos afectados.
La base de este Decreto radica en la aparición de un frente frío anómalo que azotó el Caribe y el Pacífico con una furia sin precedentes. Según informes del Ideam y Dimar, las precipitaciones en estas regiones superaron los promedios mensuales históricos hasta en un 180% en menos de una semana.
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Este fenómeno “atípico y de baja previsibilidad” provocó el colapso de infraestructuras críticas y puso en jaque al sistema energético nacional, con embalses como el Urrá I operando al 103% de su capacidad, lo que obligó a suspender la generación de energía para evitar una catástrofe mayor.
La situación en el campo es crítica: más de 87.000 hectáreas de cultivos están bajo el agua, lo que amenaza la seguridad alimentaria y ha disparado alertas sobre brotes de enfermedades como el dengue y la malaria.
Ante la insuficiencia de los recursos ordinarios, con un presupuesto 2026 que sufrió recortes en los fondos de contingencia, el gobierno nacional utilizará esas facultades para realizar transferencias monetarias urgentes a través de Ingreso Ciudadano, condonar deudas a los agricultores a través de Finagro y ejecutar obras hidráulicas de emergencia que permitan salvar lo que queda de la producción agrícola en zonas inundadas.
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