Cuatro personas fueron capturadas y procesadas en diferentes regiones del país por su presunta participación en graves actos de explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes, así como por la producción y comercialización de material audiovisual con contenido sexual, el cual era enviado a contactos en el exterior.
El operativo fue liderado por la Fiscalía General en coordinación con la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos, como parte de una estrategia para combatir las redes de abuso infantil con alcance internacional.
En Bogotá, las autoridades capturaron a dos mujeres. Una de ellas está acusada de transmitir, a través de plataformas digitales, los abusos sexuales cometidos contra sus propias hijas, de 4 y 9 años, a cambio de pagos realizados por un contacto ubicado en Estados Unidos. Según la investigación, las transacciones financieras oscilaron entre 600 y 2.000 dólares.
La segunda capturada en la capital sería una niñera, acusada de abusar sexualmente de dos menores de 2 y 8 años que estaban bajo su cuidado, grabando los hechos y luego compartiendo los videos.
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En Medellín fue identificada y capturada una adulta mayor que presuntamente explotaba sexualmente a su nieta de 15 años. Según el proceso judicial, la obligó a tener relaciones íntimas con adultos, grabó los encuentros y recibió dinero a cambio del material.
El cuarto caso se registró en Ibagué, Tolima, donde fue capturado un hombre que presuntamente obtuvo, almacenó y distribuyó material sexual explícito de menores a través de sistemas de mensajería instantánea, entre marzo y junio de 2025.
Durante las diligencias de captura, las autoridades incautaron equipos electrónicos que contenían videos y fotografías que evidencian los abusos cometidos contra varios menores.
Los detenidos fueron presentados ante jueces de control de garantías por fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra la Niñez y la Adolescencia (UENNA), quienes les imputaron delitos como acceso carnal abusivo con menor de 14 años, pornografía con menor de edad, proxenetismo y exigencia de explotación sexual infantil. Todos deberán cumplir con una medida de seguridad en un centro penitenciario mientras avanza el proceso judicial.