Una misión humanitaria liderada por la Defensoría del Pueblo y la ONU regresó con un informe escalofriante desde los municipios de Tibú y El Tarra, en el Catatumbo: comunidades enteras están “secuestradas” en sus propias casas, sin gasolina, sin alimentos y bajo la amenaza constante de drones cargados de explosivos.
La guerra en el Catatumbo entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC ha convertido a localidades como Filogringo en pueblos fantasmas.
En estos lugares, el ELN impuso desde diciembre un paro armado que cortó por completo el suministro de alimentos.
En Filogringo, la barbarie llegó al punto que una misión médica fue atacada con bombas, lo que obligó a la retirada de los únicos médicos que quedaban en la zona.
Lo más alarmante es la huella que dejaron los combates. En parques y patios de viviendas de El Tarra se han encontrado artefactos sin detonar al alcance de niños y jóvenes.
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La Defensora del Pueblo, Iris Marín, denunció que ya son más de 1.000 personas desplazadas en lo que va de 2026, huyendo no sólo de las balas, sino de la ansiedad psicológica que generan los drones y las minas antipersonal sembradas en los senderos.
“La gente quiere trabajar y educar a sus hijos, pero hoy sólo pueden pensar en sobrevivir”, afirmó Marín.
Aunque el Ejército ha reforzado su presencia en Cúcuta y la frontera, el corazón del Catatumbo sigue siendo un territorio donde los grupos armados dictan la ley.
La Comisión Humanitaria lanzó un llamado urgente a respetar el Derecho Internacional Humanitario y permitir el ingreso de ayuda permanente, ya que los kits entregados por el Gobierno son sólo una “toallita” ante un confinamiento que ya dura semanas. Si el Estado no actúa con una presencia institucional real, la región corre el riesgo de quedar completamente deshabitada.
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