Con una resolución firmada el 27 de marzo, la Fiscalía General de la República tomó una decisión que encendió el debate público en Antioquia: suspender las órdenes de aprehensión vigentes contra 23 cabecillas y miembros activos de las principales estructuras criminales que operan en el Valle de Aburrá.
La medida, enmarcada en los diálogos de Paz Urbana que adelanta el Gobierno Nacional en el penal de La Paz de Itagüí, busca permitir que estos líderes participen como voceros en una mesa de negociación sociojurídica encaminada al sometimiento colectivo y desarme de sus organizaciones.
Entre los cabecillas beneficiados se encuentran integrantes de grupos como La Terraza, Pachelly, El Mesa, Los Triana, Robledo, Caicedo, Niquía, Las Chatas, La Unión, La Silla, La Milagrosa y La Agonía, pandillas con décadas de presencia en los barrios del área metropolitana de Medellín.
Los cabecillas que ya están libres
De los 23 que se beneficiaron con la suspensión de órdenes de aprehensión, siete ya se encontraban en libertad antes de esta decisión, ya sea por haber pagado sus penas o por beneficios judiciales previos.
- Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero, identificado como líder del grupo El Mesa y condenado por homicidio agravado.
- Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber, integrante de Pachelly, con condena por concierto para delinquir agravado y financiación de grupos terroristas.
- Andrés D'maría Oliveros Correa, alias Mundo Malo, relacionado con la estructura La Silla.
- Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente, del Grupo Colegiado, enfrenta investigación por financiamiento del terrorismo y estructuras criminales.
- Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado, también del Grupo Colegiado.
- Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo, de Los Triana, está imputado por concierto para delinquir agravado.
- Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica, de Pachelly, investigado por concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas.
Cabecillas con órdenes suspendidas
Los otros 16 permanecen recluidos en el penal de Itagüí, pero con sus órdenes de aprehensión congeladas durante el proceso.
- Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio, del GDO Trianón, enfrenta cargos de concierto para delinquir y porte ilegal de armas.
- Carlos Augusto Correa López, alias Mono Pepe, de La Unión, está acusado de narcotráfico y homicidio agravado.
- Elder Darbey Zapata Rivera, alias Grande Pa, de La Terraza, responde por concierto para delinquir agravado, portación ilegal de armas y tráfico de drogas.
- Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, líder del grupo Robledo, es condenado por asociación delictuosa, homicidio y extorsión.
- Iván Darío Suárez Muñoz, alias Iván El Barbado, del Grupo Colegiado, está acusado de homicidio y concierto para delinquir.
- Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo, de El Mesa, fue condenado por concierto para delinquir, homicidio, lavado de dinero y hurto.
- José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, jefe histórico de La Terraza, acumula condena por desaparición forzada, amenazas y homicidio.
- Juan Camilo Rendón Castro, alias Saya, también de La Terraza, fue condenado por homicidio doloso.
- Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, de Las Chatas, tiene condena por concierto para delinquir y hurto.
- Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias El Compa, de La Terraza, enfrenta investigación por concierto para delinquir.
- Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo, de Caicedo, fue condenado por concierto para delinquir y robo agravado.
- Walter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre, de La Unión, tiene condena por concierto para delinquir.
- Andrés Felipe Rodas Montoya, alias Yerbas, de Niquía, es investigado por concierto para delinquir y portación de armas.
- Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho, de La Agonía, responde por concierto para delinquir agravado y portación de armas.
- Jesús David Hernández Grisales, alias Chaparro, de La Milagrosa, enfrenta cargos de concierto para delinquir, desaparición forzada y tenencia de armas.
- Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23, de Niquía, fue condenado por concierto para delinquir, homicidio, extorsión y desplazamiento forzado.
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La medida no pasó sin contratiempos. Tanto el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, como el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresaron públicamente su malestar, advirtiendo que este tipo de decisiones pueden interpretarse como una señal de impunidad y, en el peor de los casos, como un apoyo institucional que termina fortaleciendo a las mismas organizaciones que el Estado dice querer desmantelar.
La suspensión tiene una vigencia inicial de seis meses, prorrogable en función de los avances de la junta. Sin embargo, las autoridades aclararon que el beneficio no equivale a la libertad automática para quienes tengan medidas de seguridad activas por otros delitos.
Continúa el debate sobre si este es el camino correcto para pacificar el Valle de Aburrá, o si simplemente abre la puerta a la impunidad.
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