En una decisión inesperada, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha concedido una medida cautelar que suspende la ejecución de una orden arbitral emitida en Nueva York, en el marco de una disputa entre accionistas por el control de Continental Towers.
La orden en cuestión fue emitida en el caso Telecom Business Solution LLC v. Terra Towers Corp (AAA ICDR Case No 01-21-0000-4309), bajo la presidencia del árbitro Marc J. Goldstein y con la participación de los co-árbitros Melida N. Hodgson y Richard F. Ziegler. Esta resolución incluía la ejecución de cuatro laudos arbitrales parciales, que ordenaban, entre otras medidas:
- La venta de Continental Towers El Salvador, Ltda. CV.
- La reinstalación de Jorge Gaitán Castro como director ejecutivo y de Carol Echeverría como gerente general.
Sin embargo, la Corte Suprema acogió un amparo presentado por la abogada Zuleyma Beatrix Yáñez Hernández, representante legal de Continental Towers, con el fin de suspender la ejecución de los laudos arbitrales hasta que se resuelvan cargos penales pendientes contra Gaitán Castro y Echeverría.
El 23 de febrero de 2024, el periódico salvadoreño Diario El Mundo informó que ambos ejecutivos son buscados por la justicia bajo órdenes de captura por presuntos delitos de fraude, que incluirían la malversación de $1,284,274.39 de las empresas en las que trabajaban, entre otros cargos.
Esta acusación está vinculada con un caso judicial que la Fiscalía General de la República presentó ante el Juzgado Cuarto de Paz de El Salvador, en el que siete personas están siendo procesadas por administración fraudulenta en perjuicio de las sociedades Tierras Nacionales LTDA de C.V. y Maintance and Service S.A.. Según la Fiscalía, los imputados habrían realizado cobros indebidos de viáticos y comisiones entre 2016 y 2020, justificándolos como gastos administrativos y operativos sin respaldo contable.
Los acusados en este caso son:
- Jorge Leonel Gaitán Paredes
- Jorge Alberto Gaitán Castro
- Jeni Celina Torres Zepeda
- Selvin Martín Torres Andrade
- Juan Ignacio Berger Giménez (de nacionalidad guatemalteca)
- María Isabel Umaña Velásquez
- Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes (de nacionalidad guatemalteca)
La Fiscalía ha señalado que los imputados orquestaron un esquema de pagos fraudulentos mediante la emisión de cheques dirigidos a sí mismos y su equipo, haciendo parecer los montos como comisiones legítimas.
Fallo de la Corte Suprema
En su resolución, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ordenó a los inversionistas minoritarios de Continental Towers (Peppertree Capital Management y AMLQ) abstenerse de:
- Exigir el cumplimiento del laudo arbitral número 01-21-0000-4309 y sus resoluciones.
- Solicitar la suspensión de las denuncias penales contra Jorge Gaitán Castro.
- Forzar relaciones comerciales o alterar contratos con proveedores y clientes de Continental Towers El Salvador.
- Modificar la estructura accionaria de Continental Towers El Salvador o Continental Towers Latam Holdings Ltd.
- Solicitar la terminación de un arbitraje iniciado en el Centro de Mediación, Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de El Salvador (Referencia Al.1.2023).
Posición de Continental Towers
En respuesta a la resolución, la dirección de Continental Towers negó cualquier vínculo con los ejecutivos acusados y rechazó su posible reincorporación a la empresa.
“Continental Towers El Salvador reafirma que Jorge Alberto Gaitán Castro fue removido de su cargo en octubre de 2021 y que no mantiene relación alguna con la compañía“, declaró Antonieta Granillo, directora ejecutiva (CEO) de la empresa. Asimismo, afirmó que la compañía desconoce cualquier actividad comercial privada que Gaitán Castro, Jorge Leonel Gaitán Paredes u otros involucrados hayan podido realizar.
La decisión de la Corte Suprema de El Salvador mantiene en suspenso la ejecución de los laudos arbitrales hasta que se esclarezcan los procesos penales en curso contra los exejecutivos de Continental Towers. Este fallo no solo impacta el desarrollo del arbitraje en Nueva York, sino que también pone en evidencia la relación entre disputas corporativas y acusaciones penales en el país.
